Ana Pastor, titular de Fomento, explicó ayer por partida doble los planes del Gobierno en su esfuerzo por abrir "de forma efectiva" a la competencia el transporte de viajeros en tren a partir de julio de 2013. En esa fecha otros operadores podrán entrar a competir con Renfe en la prestación de un servicio que hoy se presta en una situación práctica de monopolio. El primer esfuerzo didáctico de la ministra ocupó buena parte de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Más tarde se explayó con un grupo de periodistas.
En ambos encuentros Pastor justificó el esfuerzo liberalizador del tren por el coste anual para el erario público: 2.500 millones. El plan, plasmado ayer en un real decreto-ley, ya fue adelantado la pasada semana. Sus rasgos principales son la división de Renfe en cuatro sociedades y la integración de una parte de Feve en el gestor de infraestructuras, Adif, y de otra en la propia Renfe.
La irrupción de nuevos agentes privados interesados en este ámbito de competencia completarán el panorama. Los protagonistas entrantes del ferrocarril español podrán alquilar los trenes y locomotoras "excedentarios" que actualmente tiene Renfe.
La ministra remarcó de manera especial los costes económicos del actual modelo ferroviario y promocionó su reforma ya que, a su juicio, es necesario justificar la inversión hecha "y que se ha transformado en una red moderna y notable", pero que debe ser reformada con un uso que la haga "eficiente, racional y competitiva".
En virtud de esta reforma, las actuales tres empresas ferroviarias públicas se reestructurarán para adecuarse a esta nueva fase de apertura del ferrocarril, pero manteniendo su titularidad estatal. En la actualidad, estos tres actores principales del sector suman pérdidas de 447 millones y acumulan una deuda de 20.730 millones.
Pastor desveló que Renfe tiene una plantilla de más de 13.000 trabajadores, perdió 100 millones en 2011 y acumula una deuda de 5.200 millones. Feve emplea a 1.857 trabajadores, perdió 147,8 millones el año pasado y tiene una deuda de 530 millones. "El caso de Feve es sin duda el más llamativo", afirmó Pastor: "Sus ingresos apenas cubren el 25% de sus gastos por la ineficiente gestión de sus servicios". Adif cuenta con 13.224 empleados, perdió más de 200 millones en 2011 y arrastra una deuda de más de 15.000 millones
Pastor fue muy crítica con la actual forma de gestión del tren en España y en ese marco promovió la reforma del sistema de cánones que Adif cobra por la utilización de las vías y las estaciones de tren, con el fin de cubran las inversiones y los servicios que se prestan.
Como ejemplo de la infrautilización en la que se encuentran los activos que componen el patrimonio del ferrocarril español, Pastor explicó que un total de 52 trenes de media distancia convencional (regionales) circulan con una ocupación media inferior al 15% de su capacidad, o que 176 estaciones de tren y apeaderos apenas tienen un viajero diario.
PSOE
Privatizar en el peor momento posible
Equivocación: un portavoz del PSOE criticó el plan de Pastor para Renfe, Adif y Feve, por intentar abordar un proceso de privatización de las tres empresas en el peor momento posible.
Operador público: el PSOE ha pedido a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que se fije en cómo Alemania o Francia "mantienen fuertes compañías públicas en el ámbito del transporte ferroviario".
Una reforma pactada con los trabajadores
La ministra de Fomento, Ana Pastor, llamó el viernes "al diálogo y al entendimiento" a los sindicatos con representación en el sector ferroviario, a quienes explicará el próximo lunes la reforma de este modo transporte aprobada en el Consejo de Ministros del viernes.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, Pastor se comprometió a "contar con los profesionales del tren" para abordar la reforma, mediante la apertura de distintas mesas de trabajo.
Los sindicatos con mayor representación en el ferrocarril (CC OO, UGT, Semaf, Sindicato Ferroviaria, Sindicato de Circulación y CGT) han convocado a los trabajadores de Renfe, Adif y Feve a secundar una huelga el viernes, 3 de agosto, coincidiendo con los desplazamientos masivos de vacaciones, en contra de esta reforma.
En este sentido, Pastor defendió que esta reforma ferroviaria "precisamente lo que busca es que no peligren los puestos de trabajo de los ferroviarios". "Solo se pueden preservar con reformas que hagan más eficiente y racionalicen el sector", subrayó. Por ello, la titular de Fomento se comprometió a mantener un "diálogo social permanente" con el sector. "Todo lo que no se logra con entendimiento y acuerdo no va bien", aseguró.
Como principal argumento para intentar que la reforma se realice con el consenso de los agentes sociales, Pastor insistió ayer en que Renfe mantendrá su titularidad pública y se "reforzará como operador de referencia".
Los portavoces de Fomento intentaron durante sus contactos con periodistas que la palabra utilizada para definir la reforma fuera la "liberalización del ferrocarril" y evitar que se hablara de "privatización".
