La papeleta del juez de Martinsa-Fadesa
Hoy comienza en La Coruña el juicio por la mayor acción social de responsabilidad presentada nunca en España: Martinsa-Fadesa reclama a Manuel Jove el pago de 1.576 millones de euros por entender que en la venta de Fadesa a Martinsa en 2007, por 4.045 millones de euros, se falsearon los datos de activos traspasados.
El juez que dictará sentencia sobre el caso es el mismo que ha tramitado el concurso de Martinsa-Fadesa. Pablo González-Carreró, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña, pasará así a la historia del derecho español por haber gestionado el mayor concurso de acreedores de una compañía española y la mayor reclamación presentada nunca en el país por los accionistas de una compañía cotizada.
Martinsa Fadesa presentó concurso de acreedores en julio de 2008 con una deuda aproximada de 7.000 millones de euros. A pesar de la complejidad del proceso, el concurso se ha resuelto en menos tiempo que otros muchos de mucha menor cuantía. El pasado mes de marzo se comunicaba la consecución de un convenio de acreedores, con lo que prácticamente de forma efectiva se daba por finalizado el concurso de acreedores de la inmobiliaria.
Coincidiendo con esa fecha los accionistas de Martinsa-Fadesa (la mayoría del capital está controlado por Fernando Martín) aprobaron la presentación de una demanda contra el fundador y el ex consejero delegado de Fadesa, Manuel Jove y Antonio de la Morena, reclamando 1.576 millones.
Martinsa-Fadesa lucha ahora contra ese dato estadístico que dice que en España más del 90% de las empresas que entran en concurso acaban siendo liquidadas. Lo hace en el peor contexto económico y financiero posible. Por eso el juicio por las valoraciones de Fadesa es crucial para la compañía presidida por Fernando Martín.
En el proceso, Martinsa Fadesa tiene que salvar básicamente dos obstáculos para lograr una sentencia favorable. Primero, derribar una cláusula que firmaron Martín y Jove en la venta de Fadesa a Martinsa según la cual una vez cerrada la operación no cabrían reclamaciones. Martinsa dirá en su defensa que no cabe cláusula tal en un contrato en el que no se conocía bien lo que se compraba. No parece un obstáculo insalvable.
Segundo, demostrar efectivamente que Fadesa falseó los datos de los activos inmobiliarios que vendió a Martinsa. En realidad, esta es la clave del juicio. Jove y De la Morena aportarán estudios de las consultoras Aguirre Newman y Accuracy defendiendo la veracidad de los datos aportados. Martinsa presentará otro de American Appraisal que detalla 37 activos vendidos por Fadesa a Martinsa que, asegura, o no contaban con la calificación urbanística pertinente o con la superficie planteada, y otros supuestos incumplimientos.
En la venta de Fadesa a Martinsa se empleó un estudio de valoración de activos realizado por CB Richard Ellis, la mayor consultora inmobiliaria del mundo. Pero, como indica la consultora, se trataba de un informe superficial, ya que los valoradores de CB Richard Ellis no visitaron los activos vendidos y simplemente emplearon los datos que aportó Fadesa. La consultora podría haber elaborado un informe más completo, pero ni Martín ni Jove lo encargaron. Martinsa-Fadesa dice que Fadesa aportó a CB Richard Ellis datos falsos que incrementaron el precio de la operación en más de 1.500 millones.
Entonces, para dirimir el asunto, ¿no tendría el juez de Martinsa-Fadesa que encargar un informe independiente previendo que los que van a presentar ambas partes responden a sus intereses? Cualquier cantidad que Martinsa-Fadesa lograra rascar de este juicio serviría para que el mayor concurso de la historia de España tuviera un desenlace feliz.
Pero si Jove y De la Morena demuestran su inocencia, ¿no debería ser al menos condenada en costas Martinsa-Fadesa? El juicio ensucia la honorabilidad de De la Morena y de Manuel Jove, en la actualidad uno de los mayores empresarios españoles, fundador de un gran grupo energético, Inveravante, y primer accionista individual del BBVA, con el 5%. Han invertido millones de euros en su defensa. Martinsa-Fadesa, dependiendo en el caso de la decisión del juez, puede ser condenada al pago de las costas, posiblemente más de 20 millones de euros. Lo que equivaldría a dar un tiro de gracia a la compañía.