Las principales cajas rurales desean reforzar los instrumentos de colaboración que tienen en marcha desde hace años. Ese fue el mensaje que transmitieron estas entidades al supervisor el pasado 30 de noviembre.

El Banco de España aprueba sus intenciones, pero prefiere que todos los integrantes del Grupo Caja Rural se encuadren en único sistema institucional de protección (SIP). No es la primera vez que el regulador lanza esta indicación. Ya lo hizo el 16 de septiembre de 2008, por boca del subgobernador Javier Aríztegui, quien entonces señaló al sector que "puede contemplarse la constitución de más de un SIP, solución menos confortable para el supervisor, pero que no es descartable a priori".

Actualmente, hay en marcha dos procesos de fusión fría en el seno del grupo: uno está liderado por las cuatro mayores rurales (Ruralcaja, Navarra, Sur y Granada), reúne un 70% de los activos del gremio y está asesorado por Management Solutions (MSO) y Garrigues. Lo conforman 21 entidades y el valenciano Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), que ejerce de paraguas de 20 cooperativas valencianas. El otro proyecto lo desarrollan una treintena de rurales de ámbito local y comarcal con el consejo de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Los portavoces del llamado SIP de Garrigues propusieron al Banco de España desarrollar los mecanismos que ya dispone la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR) como el fondo de solidaridad -una suerte de bolsa común que permite socorrer a socios en apuros al margen del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)- y el acuerdo de tesorería, que vela por la liquidez de todos los miembros. Consideran que ambos instrumentos han mostrado su eficacia en los últimos años y que basta con ponerlos al día.

Interlocutores

Los asistentes a la reunión con el supervisor fueron los directores generales de Ruralcaja (Juan A. Gisbert), Rural de Navarra (Ignacio Arrieta) y Rural de Granada (Dimas Rodríguez), así como el presidente de Caja Rural del Sur (José L. García). El director general de esta entidad sevillana, Joaquín Vázquez, también acudió, pero como representante del FGD de las cooperativas.

El SIP de Garrigues ha presentado un estudio que muestra cómo reaccionarían sus integrantes ante distintos escenarios de estrés financiero. Para ello, demanda a sus integrantes uno niveles de solvencia, liquidez, ratios de mora, concentración de riesgos, entre otros parámetros.

Pero las grandes cajas rurales españolas desean dar un paso más allá. Además de asegurar la solvencia y liquidez, aspiran a que los integrantes del SIP refuercen sus mecanismos de colaboración en temas como la marca común, la utilización de servicios comunes (RGA, RSI, Banco Cooperativo) o la coordinación de estrategias de negocio. Todos estos parámetros ya están contemplados en los estatutos de la AECR, pero hoy por hoy no se aplican a rajatabla.