La plataforma todoscontraelcanon.es presentará hoy en la Comisión Europea, en sus oficinas de representación en España (en Madrid), un escrito para las comisarias de Competencia y de Sociedad de la Información, Neelie Kroes y Viviane Reding, respectivamente, junto con las casi 650.000 firmas de apoyo recogidas hasta la fecha contra el canon aplicable a los soportes digitales, que consideran 'indiscriminado y que perjudica el acceso a la sociedad de la información'.

Esta plataforma, que agrupa a más de una veintena de asociaciones que representan al sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y sus usuarios, entre las que están Aetic, Asimelec o Facua, se queja de que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el 29 de julio, ha dejado al margen de su regulación los derechos de los consumidores de productos digitales, ya que no discrimina a quien compra un soporte para almacenar contenidos libres de derechos de autor.

El departamento jurídico de la plataforma ultima el recurso de inconstitucionalidad y no descarta recurrir a las instancias judiciales europeas para eliminar el canon. Y es que, aunque este movimiento contra el canon ha nacido en España, ya ha tenido respuesta en Europa. El pasado abril se anunció la creación de una coalición de asociaciones que representan al sector tecnológico para exigir la reforma del 'impuesto' de la tecnología.

Mientras tanto, y tal y como marca la ley, el pasado lunes Asimelec y Aetic mantuvieron la primera reunión con las entidades de gestión de derechos de autor como la SGAE para determinar la relación de dispositivos que finalmente quedarán sujetos al canon y la cuantía que se aplicará a cada uno de ellos. Tienen cuatro meses para esta tarea. 'De momento, sólo hemos fijado los procedimientos de negociación y hemos creado dos grupos de trabajo, uno para el área de audio y vídeo y otro de reprografía, que negociarán de manera independiente', explican fuentes próximas a la negociación. Estas mismas fuentes añaden que Bruselas ultima un documento de recomendaciones para los Estados miembros sobre el canon digital porque 'son conscientes de que la directiva elaborada sobre este asunto, y que ahora se ha transpuesto España, no ha producido el efecto de conciliación que esperaban'.