Francisco Belil, presidente de la filial española de Bayer y de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), reclama que se amplíen los plazos para adaptarse al nuevo proyecto de reglamento europeo para el registro, evaluación y autorización de sustancias y preparados químicos (Reach, por sus siglas en inglés).
El borrador de este documento de más de 1.284 páginas, sometido a consulta de los países miembros de la Unión hasta julio, prevé 11 años de adaptación a partir de su entrada en vigor, en consideración de que la Comisión Europea calcula un coste para la industria química de entre 26.000 millones y 32.000 millones de euros y que un 12% de los productos podrían desaparecer del mercado.
El director de asuntos técnicos de Feique, Francisco Pérez García, afirma que van a encargar un estudio para evaluar el coste concreto para España, que, según la participación en la producción europea, se sitúa 'teóricamente' en un 8% del total. Pero Pérez García señala una peculiaridad: 'Aquí el 20% de las empresas soportarán el 80% del coste', en referencia a las pymes. En España trabajan 3.000 empresas químicas.
El nuevo registro 'podría afectar a entre 150.000 y 160.000 productos' autorizados hasta la fecha que se comercializan en volúmenes superiores a una tonelada. Entre ellos, hasta 70.000 polímeros y la mayoría de los detergentes y lejías, que, por estar autorizados antes de septiembre de 1981, no necesitan realizar pruebas sobre sus riesgos para la salud y el medio ambiente ni están obligados a publicar sus fórmulas.
Pero Francisco Pérez insiste en el perjuicio para los miles de fabricantes de otros sectores que utilizan un millón de preparados químicos autorizados, porque tendrán que registrar el uso o aplicación que hacen de los mismos. Esto preocupa especialmente al sector de plásticos, que supone un 30% de la industria.
Arturo Cerro, director general de la patronal de fabricantes de plásticos, Anaip, da por seguro que quedarán afectados los productos que están en contacto con los alimentos. Dentro de este sector, la industria europea del PVC acaba de publicar el resultado del tercer año de implantación de un programa de compromiso voluntario para reducir su impacto medioambiental, en lo que ha invertido 4,5 millones de euros, un 74% más que en 2001.
