El nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, que acaba de llegar al poder tras la victoria del PRI, está actuando con gran celeridad. Además del llamado Pacto por México que ha firmado con el resto de fuerzas políticas (el izquierdista PRD, y el conservador PAN), en el que se apuntan importantes reformas, también ha procedido al relevo de los máximos ejecutivos de la petrolera estatal, Pemex.
Peña Nieto ha nombrado secretario de Energía a Joaquín Coldwell, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que, como establece la ley, será el nuevo presidente de Pemex en sustitución de Jordy Herrera. Por su parte, el hasta ahora director general de la empresa, Juan José Suárez Copel, artífice el año pasado de la operación de desembarco frustrada en Repsol junto con Sacyr, ha sido relevado por Emilio Lozoya. Licenciado en Económicas y Derecho por la Universidad Autónoma de México, y en Desarrollo Económico, por la Universidad de Harvard, Lozoya ha sido coordinador de vinculación internacional para la transición de Peña Nieto. Este ha nombrado también a Francisco Rojas como nuevo responsable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Uno de los puntos relevantes del Pacto por México es el de la reforma energética, por la que el nuevo presidente del país venía apostando desde hace tiempo para dar entrada a la inversión extranjera en un sector totalmente cerrado. Sin embargo, pese a las expectativas, la reforma puede resultar pepel mojado, según muchos analistas. Por si había alguna duda, el pacto deja claro que se mantendrá en manos del Estado, "la propiedad y el control de los hidrocarburos y de Pemex como empresa pública. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos".
De esta manera, los analistas consideran cerrada la posibilidad de que Pemex pueda compartir el beneficio en proyectos privados de exploración y producción en aguas profundas. Y también que el capital privado pueda participar en el nuevo negocio de hidrocarburos no convencionales (shale gas y shale oil).
Teniendo en cuenta que cualquier verdadera reforma energética supondría cambiar la Constitución, y dado que los intentos de Gobiernos anteriores resultaron infructuosos, tampoco se espera mucho de las propuestas de Peña Nieto. Aun con todo, otro de los objetivos del pacto en materia energética es que la petrolera "tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial". Para ello, añade el texto, "será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa productiva de su importancia." Algo de difícil consecución en tanto se mantenga la obligación de que el Estado tenga el 100% del capital de Pemex, una traba que impide la entrada del capital privado a través de una colocación en Bolsa, como es el caso de la brasileña Petrobras.
Eso sí, el coloso mexicano deberá someterse a partir de ahora, según uno de los compromisos del pacto, a la supervisión del regulador de los hidrocarburos mexicano, que velará por que la compañía sea eficiente y transparente en línea con las petroleras con las que compite en el mundo.
La llamada reforma pretende maximizar "la renta petrolera para el Estado mexicano" y aspira a que se realicen los cambios necesarios para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de Pemex". Solo estos negocios, los que se consideran menos rentables, son los que se abrirán al capital privado.
Cierto margen de maniobra
Aunque la propiedad estatal de Pemex no está en discusión, la reforma energética anunciada por México ofrece ciertos márgenes. El debate se centrará en la posibilidad de asociación de las empresas paraestatales; si los monopolios son pertinentes; qué se entiende por recursos de la nación; en el actual régimen fiscal y, sobre todo, en las inversión privada en exploración que beneficie a la población.
Los analistas manejan tres opciones: una reforma basada en cambios fiscales y organizativos en Pemex que no serviría para incrementar de forma rápida la producción; una reforma de la Constitución, que permitiría a Pemex firmar alianzas con empresas privadas a través de contratos internacionales competitivos y una tercera vía que incluiría puntos de las anteriores o que introduzca cambios en algunas actividades, como shale gas, aguas profundas, o refino
