"Nos estamos enterando por la prensa de que el Gobierno nos liquida"

"Todavía no sabemos nada, nos estamos enterando por la prensa", responde al teléfono algo aturdido uno de los responsables de Improa, una de las 24 empresas públicas que van a desaparecer, según ha informado el viernes el Gobierno tras la celebración del Consejo de Ministros. "Nos ha cogido totalmente por sorpresa", continúa. "Improa es una empresa rentable, no entiendo lo que está ocurriendo...".

Entre las sociedades que desaparecen se encuentran empresas relacionadas con el sector inmobiliario, tecnológico, de gestión de aguas, de servicios aeroportuarios y ferroviarios. En algunos casos es complicado realmente saber a qué se dedican algunas.

Por ejemplo, Improa (Inmobiliaria de Promociones y Arriendos) se dedica básicamente y a pesar de su nombre a la liquidación de empresas públicas que entraron en concurso de acreedores. Pero además es propietario de un polígono en Sevilla que se adjudicó en 1994 como ejecución de una garantía hipotecaria frente a un deudor, por lo que también figura en su objeto social el relativo al negocio inmobiliario. Y su origen se remonta a 1884 cuando fue creada con la denominación de Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete. Como decía uno de sus responsables al teléfono, la empresa no está en pérdidas: según las cuentas del registro mercantil Improa ganó 300.000 euros en 2009 (un 50% menos que en 2008). Según las mismas cuentas ese año trabajaban en la firma ocho personas: un presidente, una directora general, tres jefes de servicio, un técnico y dos administrativos. Los gastos de personal ascendieron a 707.000 euros.

Llama la atención la actividad de otra de las sociedades cuya extinción ha sido anunciada por el Gobierno: la de Infraestructuras y Equipamiento Hispalense. La empresa, Infehsa, se creó en 1990 por un periodo de 10 años para participar en la gestión financiera de la Expo de Sevilla de 1992.

"No hemos recibido información oficial al respecto", respondía esta tarde en el teléfono de Infehsa una mujer. "La prensa va más rápido, no nos ha llegado ninguna comunicación, para más información ya tendrá que llamar el martes", dijo. El 6 de marzo de 2002 la Junta General de Accionistas de Infehsa acordó "la duración indefinida de la sociedad", según sus últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, del ejercicio 2009.

Una vez superada su actividad relacionada con la Expo de Sevilla, Infehsa se sumergió en la financiación del Estadio Olímpico de Sevilla. A 31 de diciembre de 2007 las acciones suscritas en Estadio Olímpico de Sevilla ascendían a 44,9 millones de euros. En 2009, previa autorización del Consejo de Ministros, el objeto social de la empresa pública pasó a ser el de "la prestación de servicios de gestión administrativa, contable y financiera que tengan como objeto la construcción y explotación de infraestructuras y equipamientos".

Infehsa explica en sus cuentas de 2009 que la participación a largo plazo por valor de 44,9 millones refleja la participación en el 30,5% del capital de Estadio Olímpico de Sevilla. "La sociedad ha registrado una corrección valorativa por deterioro en el valor de la participación que asciende a 14 millones de euros", indica. "A pesar de las ampliaciones de capital realizadas a partir del ejercicio 2002, la sociedad no ha podido dotar del importe de reserva legal correspondiente al no haber obtenido beneficios desde entonces", admite Infehsa.

El consejo de administración de la compañía, compuesto por cinco personas "siendo todos ellos hombres", recibió 303.751,6 euros en 2009. Según las cuentas de ese año las "remuneraciones por dietas de asistencia" ascendían a 34.269,9 euros.

Mientras que algunas de las sociedades públicas que el viernes ha anunciado el Gobierno su extinción cuentan con décadas de vida, otras han tenido poco recorrido. La que menos, Sevalae, de Loterías y Apuestas del Estado, constituida en abril de 2011 con motivo de la frustrada salida a Bolsa de la compañía.

Si el anuncio del Gobierno ha pillado por sorpresa a varias de estas sociedades, a otras, como a la Sociedad Pública de Alquiler, la medida parecía descontada. Su oficina principal en Madrid, en el Paseo de la Castellana, llevaba meses cerrada.

Sin embargo otras empresas parecían haber acometido operaciones societarias con miras a una existencia centenaria. Y sus funciones se antojan ahora difícilmente sustituibles. Como las de la Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Norte, Acuanorte.

La empresa es el resultado de la fusión en 2010 de Aguas de la Cuenca del Norte y Aguas del Duero y se dedica a la gestión y contratación y construcción de obras hidráulicas. Su actividad consiste básicamente en gestionar el abastecimiento de agua a numerosas poblaciones del norte de España. La sociedad firmó el pasado mes de noviembre con el Ministerio de Medio Ambiente un convenio que recogía las fuentes de financiación del coste de sus actuaciones.

A 31 de diciembre de 2010 Acuanorte registraba una deuda con entidades financieras superior a 83 millones. La empresa explica en sus cuentas de 2010 que durante la mayor parte de ese año el consejo de administración del grupo estaba formado por 11 "miembros" (seis hombres y cinco mujeres). En el apartado de retribuciones al consejo figuran 284.030 euros por "asistencia a las sesiones del consejo de administración", 3.777 euros por "gastos de locomoción" y 12.160 euros por "asistencia a las sesiones de la comisión de auditoría y control". En el momento de formulación de cuentas anuales el consejo pasó a estar formado "por 15 miembros de los que 10 eran hombres y 5 mujeres". Con motivo de la fusión entre Aguas del Duero y Aguas de la Cuenca del Norte se indemnizó a dos directivos con un coste para la sociedad de 204.896 euros.

Para el caso particular de Acuanorte el Gobierno sugiere la creación de una gran compañía de gestión de actuaciones hidráulicas fusionando Acuanorte con Acusasur y Acuaebro.