El Ministerio de Industria lo tiene claro. Tras años con planes de ayudas al sector de la minería del carbón, ahora toca estudiar hasta qué punto estas inyecciones de fondos públicos han sido eficientes tal y como han venido funcionando hasta ahora. Y, después, adaptarlas a la nueva realidad económica de España.
"Será preciso explorar, junto a sindicatos y empresarios, soluciones para superar la escasez de recursos presupuestarios", insistió el viernes en el Senado el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti.
Una escasez presupuestaria que se traduce en un serio recorte en los fondos que se tiene previsto destinar al sector este año, según lo que se recoge en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En la partida clave, la de las ayudas a la explotación que reciben las mineras, el Ejecutivo ha decidido aplicar un ajuste del 63% respecto a 2011, frente al recorte pactado del 10%.
"Tal y como está el proyecto, con los fondos que se han presupuestado, las empresas no pueden hacer otra cosa que cerrar este mismo año", señalan desde una de las mineras que opera en León.
El malestar y la preocupación entre las empresas que viven del carbón se acentúa por otro hecho: el fin de las ayudas públicas al sector ya tiene fecha. Será dentro de seis años, tal y como ha establecido Bruselas. Las mineras ya habían hecho sus planes para ajustar actividad y empleo con el año 2018 como horizonte, pero contando con un recorte de fondos gradual, que ya había sido pactado.
Inversiones sin amortizar
De hecho, y al amparo de la estabilidad que debería ofrecer el vigente Plan del Carbón, las mineras han acometido una serie de inversiones con la intención de mejorar su competitividad. A día de hoy, de esas inversiones hay un total que todavía no se ha amortizado por valor de 465 millones de euros.
El sector considera que el carbón nacional podría ser competitivo más allá de 2018 en, al menos, un 70% de su producción actual, lo que aseguraría el futuro de las empresas más potentes del sector. Sobre todo si el precio internacional del carbón supera los 140 dólares por tonelada, algo que ven probable.
"Pero el actual proyecto de PGE trunca nuestras esperanzas de un sector competitivo a partir de 2018", insisten desde la patronal Carbunión.
Las empresas hacen sus cálculos sobre el coste que tendrá un ajuste precipitado de la actividad minera. Por un lado, el mix energético perderá en buena parte una de las energías consideradas base para atender la demanda nacional, necesaria en momentos en los que hay picos de consumo y cuya aportación al sistema el año pasado fue del 15,5%, según datos de Red Eléctrica.
Por otro, advierten de las repercusiones tanto para las arcas del Estado como para las cuentas de otras empresas, como las eléctricas. Carbunión estima que, por cada euro que el Estado destina al carbón vía ayudas, las arcas públicas ingresan 3,5 euros en concepto de IRPF, IVA, Impuestos de Sociedades y Seguridad Social pagados por empresas y empleados del sector.
¿Qué efectos podría tener el cierre del carbón nacional para las eléctricas que operan centrales térmicas? El principal, que tendrían que adaptar las plantas para poder funcionar de forma mayoritaria con carbón importado. Cambiar la caldera de las centrales exige más de un año de parada y un desembolso que puede rondar los 300 millones de euros. En total, unas inversiones no planificadas a día de hoy por un valor conjunto de unos 4.500 millones, según los cálculos de la patronal minera.
En el plano social, el impacto del cierre de la minería es evidente. Hay comarcas enteras cuya actividad económica depende casi en exclusiva del carbón. Zonas que van de Asturias a Teruel, desde León o Palencia hasta Ciudad Real. El número de personas que actualmente emplea el sector es de 13.033 trabajadores, entre plantillas propias, subcontratas, empresas auxiliares y de suministros. El gasto social (paro, bajas incentivadas, prejubilaciones) que generaría la salida de estas personas del mercado laboral rondaría los 709,8 millones entre 2012 y 2013.
La semana que viene, Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse para tratar de buscar una salida a un problema que ya se ha enquistado.
Un conflicto que pone a prueba la unidad del PP
El conflicto generado en el sector de la minería del carbón por el recorte de ayudas públicas, que desde el viernes se traduce en una huelga general e indefinida en las comarcas mineras, está ya poniendo a prueba la unidad interna del PP.
"Como un alcalde de uno de los pueblos afectados, sea del partido que sea, no apoye al sector, mejor que no se atreva ni a salir de casa", comentan de manera jocosa en el sector.
La mejor prueba fue la manifestación del jueves en Madrid, ante el Ministerio de Industria. En ella, representantes de partidos políticos de izquierdas y de derechas, incluidos muchos populares. El alcalde de Ponferrada, el de Toreno o el portavoz de la Diputación de León fueron algunos de los representantes del PP que acompañaron a la marcha de los mineros.
Y no ocultan sus discrepancias con la actitud que mantiene el Gobierno de su partido. Sin ir más lejos, el mismo jueves, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que el Gobierno "se está equivocando con el carbón" y pidió al Ejecutivo que mantenga el diálogo para permitir una salida que no dañe al sector.
La líder del PP en Asturias, Mercedes Fernández Cherines, también aprovechó la reunión del Comité Ejecutivo del PP, celebrada a principios de la semana, para preguntarle directamente a Mariano Rajoy por la situación del sector y exigir claridad al Ministerio de Industria. Rajoy le recordó que los ajustes han llegado a todos los sectores.
Para tratar de coordinar las posiciones del partido y hacer frente a la crisis del carbón, el PP ha decidido crear un grupo de trabajo con diputados de las cuencas mineras, bajo la dirección de Rafa Hernando.
