Metrovacesa se suma a la querella de Anticorrupción contra Joaquín Rivero

Anticorrupción acusa a Joaquín Rivero de utilizar información privilegiada en la compra de acciones de la inmobiliaria en 2005, lo que investiga el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

Según Anticorrupción, el entonces presidente de Metrovacesa Joaquín Rivero obtuvo un beneficio de 2,8 millones de euros con varias operaciones pactadas justo antes de que se anunciara que había comprado a Luis Portillo una parte de su paquete en la compañía a un precio superior al de mercado.

La compañía inmobiliaria, presidida por Vitalino Nafría y controlada por la banca acreedora, ha optado por sumarse no sólo a la querella de Anticorrupción, sino también a la denuncia presentada por los minoritarios de la filial francesa de Metrovacesa, Gecina, que en su momento se sintieron perjudicados por la compra de Bami.

Estos accionistas minoritarios de Gecina presentaron una denuncia ante la AMF, el equivalente a la CNMV en Francia, por considerar que la compra de Bami por 107 millones en un momento en que el sector inmobiliario iba a la baja no tenía ningún sentido para la sociedad.

La decisión del actual equipo directivo se debe, según las fuentes jurídicas consultadas, a la situación de Metrovacesa como empresa cotizada en bolsa.

Las fuentes interpretan que, en caso de que la actual dirección no hubiese optado por esta alternativa, la propia CNMV podría entender que se estaban perjudicando los intereses de la sociedad y el actual consejo de administración podría incurrir en responsabilidades legales.

A la querella de Anticorrupción también planean sumarse los accionistas minoritarios de la compañía, que además sopesan nuevas acciones judiciales contra Rivero.

Metrovacesa se encuentra este trimestre sumida en la renegociación de la deuda con la banca acreedora, que suma más de 6.000 millones de euros, después de que la familia catalana Sanahuja perdiese el control de la compañía, incapaces de asumir los préstamos que habían contraído.