La dirección de Metro de Madrid ha solicitado una segunda opinión al despacho de abogados Cusan, sobre la legalidad de la huelga y la negativa a realizar servicios mínimos que mantienen los trabajadores de la empresa de transportes de la capital. El despacho que dirige Miguel Cuenca todavía no ha emitido el informe y fuentes cercanas a estos profesionales señalaron que se trata de un caso "complejo".

El primer dictamen legal sobre la legalidad de la huelga que había solicitado la dirección del Metro ha sido redactado por Sagardoy Abogados. En opinión de este despacho el incumplimiento de los servicios mínimos durante las jornadas de pago de los pasados días 29 y 30 de junio, puede ser sancionado hasta con el despido. El castigo puede afectar a los sindicatos convocantes de la huelga y al comité si el conflicto es declarado "ilegal" por los tribunales.

Los paros están motivados por la decisión de la dirección de rebajar los salarios de la plantilla del Metro en un 5%.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que tiene listos 250 autobuses privados que reforzarían el servicio del transporte público si a partir del martes los sindicatos decidieran emprender de nuevo una huelga "salvaje" en el suburbano con el incumplimiento de los servicios mínimos.

El consejero de Transportes e Infraestructuras del gobierno madrileño, José Ignacio Echeverría, ha asegurado que esta estrategia se diseñó la pasada semana para prevenir situaciones de colapso como las vividas en la ciudad el martes y miércoles últimos.

Los usuarios se han quejado estos días de "falta de previsión" por parte del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre.

Por ello, y para evitar que esto se repita, han firmado a través del Consorcio Regional de Transportes un contrato con empresas privadas y si el lunes continúa la huelga de forma "ilegal y salvaje", el martes a partir de las 6.00 horas habrá 250 autobuses "al servicio de los madrileños".