Industria publica en el BOE el real decreto
Carmen Monforte - Madrid - 10/03/2010
El pasado 27 de febrero el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluía en sus páginas el real decreto por el que se crea el procedimiento de restricciones por garantía de suministro, que supone un importante cambio en la regulación del mercado eléctrico. Se trata de la polémica medida por la que el Gobierno quiere que las eléctricas quemen en sus centrales térmicas las reservas de carbón nacional, cuyo consumo se ha hundido por la crisis de la demanda.
Según el texto legal, el procedimiento será de aplicación hasta 2014, aunque Industria podrá eliminarlo antes "si cesan las circunstancias excepcionales que lo han motivado". Esto supone ir más allá del plan de la minería, que concluye en 2012, quizás para agotar el stock de mineral, que ronda los 10 millones de toneladas. Aunque la norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, en ella se da un plazo de dos meses al operador del sistema, REE, para que presente "una propuesta de revisión de los procedimientos de operación afectados".
Finalmente, tal como figuraba en una de las últimas versiones del real decreto, se ha excluido una disposición por la que se dejaba "sin efecto" su aplicación a la espera de que la Comisión Europea determinase si estos incentivos son ayudas de Estado que deban notificarse o no. Según el Gobierno, se ha hecho ya una prenotificación a Bruselas, aunque se desconoce por qué vía. En cualquier caso, el margen de dos meses para los ajustes técnicos de REE servirá igualmente de plazo para esperar una respuesta comunitaria. Los incentivos los recibirán las eléctricas, a través de un precio regulado para el carbón, y recibiendo el lucro cesante por las tecnologías que serán desplazadas por ese combustible, fundamentalmente los ciclos combinados.
Además, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha recibido también para su informe la orden ministerial que desarrollará el real decreto y en ella se incluye un mecanismo de subasta que tendrá que realizar la CNE. En total, la producción con carbón subvencionada será de 22 TWh anuales, frente a los 27 del primer texto que fue remitido al regulador energético y a la Comisión Nacional de la Competencia, y las beneficiadas por la medida serán 10 las centrales térmicas.
Entre los cambios que se han introducido figura una mayor precisión en los parámetros de cálculo para la retribución de estas centrales y del lucro cesante del carbón. El cálculo del coste se hará con mayor frecuencia: cuando haya variaciones superiores al 20%.
Una de las novedades introducidas en el texto final del real decreto es que en el coste de generación que se reconocerá a las 10 plantas térmicas afectadas se incluirá "el coste financiero del carbón autóctono almacenado". También "el coste logístico y de gestión de su almacenamiento estratégico y temporal".
Una resolución de Industria del pasado mes de julio (prorrogada en enero hasta junio de este año) establece que el grupo público Hunosa debe comprar el carbón a las empresas mineras y gestionar su almacenaje en tanto se buscaba la solución de las llamadas restricciones por garantía de suministro. Se calcula que ya ha pagado 600 millones de euros. Además, el grupo público se debía ocupar de gestionar su almacenamiento, dada la saturación de los terrenos de las centrales.
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