Los operadores de telecomunicaciones expresaron ayer su malestar por la decisión del Gobierno de imponer al sector una nueva tasa del 0,9% sobre sus ingresos para financiar a RTVE y permitir la supresión de la publicidad en la televisión pública. Las empresas temen que el exceso de regulación y el aumento de la carga fiscal lastren un sector sano y que puede contribuir a la recuperación económica de España. "Además, al final se trata de un canon encubierto, porque lo acabarán pagando los usuarios", advirtieron fuentes del sector.

Según datos de las patronales Redtel y Asimelec, las telecos soportan unas cargas fiscales entre un 6% y un 7% superiores a las del resto de sectores. Los impuestos específicos que sólo se aplican a los operadores de telecomunicaciones suman 568 millones de euros al año. A esta cifra hay que añadir el coste de asumir las obligaciones de servicio público, como el servicio universal de telecomunicaciones, en una cuantía de entre 70 y 120 millones anuales o la conservación de datos (50 millones), entre otros, cuyo cumplimiento se impone sin contraprestación alguna.

Las patronales consideran "incomprensible e injusto" que los operadores de telecomunicaciones tengan que pagar, además, las obligaciones de servicio público de otro sector, como el audiovisual. Redtel ve "necesario e imprescindible" que el Gobierno escuche a las telecos antes de tomar una decisión "potencialmente dañina".