La ley audiovisual impide la privatización de las 'teles' autonómicas

El apoyo de CiU y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados sirvió para que el PSOE sacara adelante ayer el proyecto de Ley General Audiovisual y remitiera la norma al Senado, tras una reunión extraordinaria de la comisión constitucional de la Cámara Baja. En ella, los partidos de la oposición, salvo nacionalistas catalanes y canarios, volvieron a criticar la tramitación "atropellada y apresurada" de la ley, lo que atribuyeron al interés del Gobierno por evitar el debate público de la iniciativa.

En todo caso, la sesión se saldó con la incorporación de más de 60 enmiendas a la norma, en su mayor parte pactadas entre los socialistas y los grupos minoritarios. Los diputados habían presentado hasta 633 propuestas para modificar la ley.

Entre los cambios aprobados figura uno que impedirá la privatización de las actuales televisiones autonómicas, ya que se obliga a que éstas mantengan su actividad "de acuerdo con el régimen previsto" en el momento de su concesión. El portavoz del PSOE en el debate, âscar López, señaló que de esta manera se evitaban las tentaciones de algún Gobierno autonómico y citó de manera expresa el caso de Telemadrid.

Otro de los cambios atiende en parte las peticiones hechas por los anunciantes, al reducir el tiempo de publicidad por hora de emisión que se había previsto inicialmente para las televisiones. Al final, en vez de 29 minutos sólo podrá haber como máximo 19 minutos de contenido publicitario (12 de anuncios, dos de telepromociones y cinco de autopromociones), dos más que en la actualidad.

Financiación del cine

El proyecto de ley también se ha modificado para permitir que las televisiones públicas, obligadas a destinar el 6% de sus ingresos a financiar películas europeas, también puedan dedicar este dinero a tv movies, series, documentales y productos de animación. Además, se precisa que series y TV movies deberán llevarse, al menos, el 25% de esta financiación obligatoria. El requisito se eleva al 40% en el caso de las televisiones privadas (que deben destinar un 5% de sus ingresos a las producciones europeas).

Los canales que dediquen más de un 70% de su emisión anual a un sólo tipo de contenido (películas, series, documentales o animación) podrán destinar toda la inversión a la que están obligados a esos contenidos concretos.

Entre las enmiendas aceptadas también se prevé la concentración de las actividades de RTVE en una única sociedad mercantil (frente a las tres actuales), tal y como pidió el consejo de administración de la corporación. Además, se establece un plazo improrrogable de 180 días para la firma del contrato programa del grupo a partir de la entrada en vigor de la ley. Esta firma acumula más de dos años de retraso.

Asimismo, la norma se ha modificado para reforzar la protección de los menores, limitando los contenidos en horario infantil; se convierte a las televisiones en responsables subsidiarias de los posibles fraudes en programas de azar y apuestas (es decir, los llamados call TV); se exige que, en el caso de arrendar canales, el primero de ellos incluya contenidos de pago; y se faculta a la futura Agencia Estatal de Radiocomunicaciones a controlar el espacio radioeléctrico con el objetivo final de acabar con las radios piratas.