La lógica sucesoria se ha impuesto en la renovación de la cúpula del grupo FCC. Tras el cambio accionarial producido en julio al vender Veolia sus acciones en la sociedad a Esther Koplowitz y dos socios financieros, la accionista de control designará hoy a Rafael Montes, vicepresidente desde que se creó el grupo en 1992, nuevo consejero delegado.

Montes asume así todos los poderes ejecutivos que hasta ahora ostentaba Marcelino Oreja a través de un cargó inédito en el grupo. El ex comisario europeo seguirá en la presidencia durante algún tiempo, pero sin funciones ejecutivas. Oreja asumió la presidencia tras la entrada del grupo francés en el capital de FCC, allá por 1998, como hombre de consenso entre ambos accionistas.

La renovación que aborda Esther Koplowitz no acaba aquí. Los tres vocales que le quedan a Veolia, que han prorrogado su estancia cerca de un mes, abandonarán hoy sus puestos. Pero de momento sólo uno de ellos será reemplazado, con la designación de un vocal independiente. Los otros dos puestos quedarán vacantes por ahora, según fuentes cercanas al consejo, a la espera de encontrar los candidatos que se consideren mas idóneos. No ha trascendido el nombre del nuevo consejero.

También siguen sin designar los tres puestos en litigio con Acciona, grupo que controla el 15% del capital y que ha reclamado la designación de esos vocales por la vía del derecho de representación proporcional.

FCC espera ahora a que el Registro Mercantil se pronuncie sobre el recurso que ha presentado contra la decisión de este organismo de no inscribir los tres vocales designados en la última junta a propuesta de Koplowitz.

El pasado mes de julio, la primera accionista del grupo acordó aumentar del 51% actual hasta el 82% su participación en la sociedad holding B-1998, con lo que pasaba a controlar indirectamente el 43% de FCC. Los otros socios de la instrumental, que junto a Koplowitz controlarán un 52,2% de FCC, son la familia Peugeot, titular del 5,5% de B-1998, e Inversiones Ibersuizas, que posee el 12,5% de B-1988. El coste de la operación fue de 470 millones para Esther Koplowitz y de 320 millones para sus nuevos socios. A pesar de este cambio accionarial dentro de la sociedad instrumental y al aumento significativo de la participación de Koplowitz, la CNMV no exigió a la empresaria lanzar una opa, tal y como reclamaba Acciona.

El acuerdo suscrito con estos nuevos socios reservaba a Koplowitz el derecho a designar antes de fin de año al primer ejecutivo, cuya permanencia estará vinculada a la evolución de los resultados. Según el pacto, el consejero delegado tendría que cesar en el cargo en el caso de que el resultado neto o el beneficio bruto de explotación caiga un 15% en dos años consecutivos.