Viernes, 21-11-2008 - Actualizado a las 20:16 h.
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A. Corella - Madrid - 13/12/2007
Cuando Telefónica vendió Sintel su objetivo 'no era el vaciamiento y posterior crisis' de la filial, ni consta que se beneficiara de la venta, asegura en su auto el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ayer decretó el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra directivos de la extinta Sintel y también de Telefónica. El juez considera que 'no resulta debidamente justificada la perpetración' de los delitos de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública.
Ni el ex presidente de Telefónica Cándido Velázquez, que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996, ni el que fue secretario del consejo de administración, Heliodoro Alcaraz ni el secretario general en tiempos de Juan Villalonga, José María Mas Millet ni el vicesecretario general, Diego Luis Lozano Romeral, ni tampoco el apoderado general Luis Ángel Casado, pueden ser imputados en la causa en la que estaban acusados de presuntos delitos de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública por la venta y posterior quiebra de Sintel. El juez estima que su acusación no ha estado debidamente justificada.
Pedraz explica que 'no constan datos ni indicios bastantes para entender que existieran previos y sucesivos acuerdos -inteligencias fraudulentas- de Telefónica (con o sin Sintel), y en concreto de los citados imputados, para pretender el fin ilícito'. Por tanto considera que 'desde el punto de vista jurídico (otra cuestión es la ética o moral, que este instructor no puede desde luego tener en consideración), la crisis generada en Sintel no puede imputársele a Telefónica'.
El juez también ha decretado el archivo de las imputaciones contra los miembros del consejo de administración de Sintel como Juan Miguel Antoñanzas, Dositeo Barreiro, Luis Chicharro Ortega, así como a otros ejecutivos como Jesús Roa Martínez y Carlos Tejera Osuna ya que no 'tenían poder de decisión' ni en Sintel Internacional ni en MasTec y como Carlos Gila, quien como administrador de las filiales, no hizo 'acto contributivo al desmantelamiento' de las sociedades.
Ocho imputados
Sin embargo, el magistrado acuerda seguir la actuación por el delito de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública contra los hijos del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, Jorge Mas Santos y Juan Carlos Mas Santos. También mantiene las actuaciones contra Juan Antonio Casanova, José Miguel Sariego, Ricardo Campos, Joel-Tomás Citrón, Pedro José Novela y Alfredo Florez Plaza. El juez da un plazo de diez días a las partes para que pidan la apertura del juicio oral.
En 2001, más de 1.800 trabajadores de Sintel perdieron el empleo tras quebrar la empresa que Telefónica vendió en 1996 a la familia Mas Canosa, y dejar un agujero patrimonial superior a 59,36 millones de euros.
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