El juez que sigue el proceso concursal de Llanera, Fernando Presencia, ha desestimado la solicitud presentada por Inmochan España, la inmobiliaria del grupo Auchan (Alcampo en España), para que suspendiera la ejecución del embargo de sus bienes como garantía del pago a la constructora valenciana de 26 millones de euros que le adeuda, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El magistrado mantiene de esta forma la intervención judicial de Inmochan, una medida excepcional, acordada hace unas semanas, como fórmula para garantizar que la inmobiliaria francesa atienda los pagos pese a que Llanera no ha construido el centro comercial al que se había comprometido y que es el origen del conflicto.

Inmochan solicitó la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia que le obliga a pagar a Llanera los 20 millones comprometidos más otros seis por intereses de demora al entender que su efectividad podría verse afectada por el resultado de un procedimiento penal en curso. La inmobiliaria francesa se querelló contra los administradores del Grupo Llanera, la familia Gallego, por estimar que el contrato en cuestión podría ser constitutivo de un delito de estafa, al considerar que la constructora valenciana firmó el contrato cuando ya sabía que no podría ejecutarlo.

El juez, pese a que reconoce que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite suspender el pleito civil si es simultáneo con otro penal directamente relacionado, ha desestimado el recurso al considerar que la querella penal se presentó antes de que se iniciara el incidente concursal que propició la sentencia.

La intervención de Inmochan persigue controlar las rentas que percibe la compañía, fundamentalmente por los alquileres de los centros comerciales a la filial de distribución. El magistrado ha nombrado ya a los tres administradores judiciales y a sus tres suplentes, que controlarán la firma hasta que se recolecte la deuda.

El conflicto entre Llanera e Inmochan, al margen de los detalles puramente mercantiles, también ha puesto sobre la mesa un problema entre el magistrado, Fernando Presencia, titular del Juzgado de lo Mercantil número dos de Valencia, y el abogado que ha llevado la representación de la firma francesa, José Ramón Albiñana.

En el transcurso del proceso se ha llegado hasta a presentar una querella por prevaricación contra el juez por dictar la condena a Inmochan, denuncia que no llegó a admitirse. La firma francesa ha optado ahora por contratar a Garrigues, que ha intentado negociar. El juez, en todo caso, está convencido de que esta actuación es necesaria para el futuro de Llanera.