Un juez investiga a la familia Carulla por evadir impuestos de Agrolimen
Un juez de Barcelona investiga a seis miembros de la familia barcelonesa Carulla, propietaria del grupo Agrolimen, por evadir presuntamente impuestos de esta empresa familiar a través de varias sociedades instrumentales con sede en Holanda, Costa Rica y Uruguay.
Según han informado fuentes judiciales, la investigación a Agrolimen, uno de los grupos empresariales más importantes de Cataluña, parte de un informe de la Agencia Tributaria sobre la actividad del grupo en el ejercicio 2006-2007 que apuntaba indicios de fraude fiscal en la corporación, a través de una compleja operación de ingeniería financiera.
Concretamente, entre 2006 y 2007 los propietarios del grupo Agrolimen habrían vendido sus acciones a dos sociedades domiciliadas en las Antillas Holandesas, constituidas con un capital de 180 millones de euros y cuyo administrador es Jordi Carulla, uno de los hermanos investigados.
El informe de la Agencia Tributaria apunta a que esas dos sociedades, formalmente compañías aseguradoras pero de naturaleza supuestamente instrumental, estaban a su vez participadas por otras dos empresas con sede en Costa Rica y Uruguay, países donde la tributación por beneficios empresariales es mínima.
Posteriormente, esas dos sociedades latinoamericanas adquirieron el 100% de las acciones de las empresas domiciliadas en las Antillas Holandesas, lo que las convirtió en sus propietarias.
A ese complejo entramado financiero, que según la Agencia Tributaria permitiría la evasión fiscal de Agrolimen, se une el hecho de que Jordi Carulla y su esposa constan como no residentes a efectos de la declaración de renta, por tener domicilio en Gran Bretaña, pese a que Hacienda sospecha que viven en Barcelona.
La investigación sobre los Carulla procede de unas diligencias abiertas en 2008 por la Audiencia Nacional por un presunto delito contra la Hacienda Pública, a raíz del análisis de los movimientos bancarios del banco portugués Espirito Santo, cuyas sedes fueron registradas en el año 2006 en el marco de una operación del juez Baltasar Garzón contra el blanqueo de capitales.
Las diligencias de la Audiencia Nacional derivaban de una operación de la Oficina Nacional para la Investigación del Fraude, que pidió autorización judicial para acceder a las cuentas, asentamientos bancarios y correos electrónicos del banco Espirito Santo.
El análisis de esa información desveló indicios de posible fraude fiscal en contribuyentes españoles que no tributaban lo que les correspondería por tener la condición de no residentes en España, cuyo rastro ha dado pie a la causa judicial contra los Carulla.
De hecho, el mismo juez que investiga a la familia Carulla ha abierto diligencias contra un acaudalado matrimonio barcelonés que habría evadido impuestos simulando tener domicilio en Lisboa, a raíz de los indicios aportados por otro informe de la Agencia Tributaria.
La familia Carulla, una de las más potentes del panorama económico catalán, controla un holding con un volumen de negocio de 1.500 millones de euros anuales que incluye participaciones en las empresas Gallina Blanca, Purina, Arbora y las cadenas de alimentación rápida Pans & Company y Boccata, entre otras.