Son el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; su vicepresidente, Luis Sánchez Manzano -que era apoderado de Sanma, la filial que fue adjudicataria-, y el responsable de su área inmobiliaria, José Luis Miró.

El auto, con fecha del pasado día 6, también ordena que se libre un oficio a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que el Área de Vía Pública del Consistorio informe al juzgado de "cuantas obras hubiesen sido contratadas" a través de Urbanismo a Sanma, Sando o cualquier filial de ellas desde 2003.

En ese año, especifica en su auto la juez, el también imputado en la causa Domingo Enrique Castaño, ex asesor del PSOE municipal y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla que vendió los terrenos de la empresa, comenzó a ejercer funciones de director de dicha Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano.

Además, el auto judicial dispone que se libre un mandamiento al Registrador de la Propiedad de Málaga para que, "a la mayor brevedad posible", remita a este juzgado la historia registral de la entidad Sando, así como que se dé conocimiento a las partes de que la auditora de la filial de ésta, Sanma, es la firma Deloitte.

Además del ex cargo municipal socialista Domingo Enrique Castaño, que participó en dicha venta y poco después fue fichado por la empresa adjudicataria Sanma, en este caso figuran ya como imputados el ex director gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, el ex secretario del consejo Jorge Piñero y dos técnicos que intervinieron en el proceso de adjudicación, aprobado en enero de 2005.

La juez investiga la venta de los terrenos de Mercasevilla a la empresa Sando, pese a que su oferta era "antieconómica y contraria al interés general", según la magistrada, respecto a la presentada por la compañía Noga.

El PP, que ejerce la acusación particular en el caso, cree que Castaño fue "el cerebro" de la venta de los terrenos y por ello pidió su imputación desde su primer escrito de querella.

En otra rama del caso, la juez investiga la presunta petición al grupo empresarial La Raza de comisiones ilegales por 450.000 euros, como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería, y en ella están imputados Mellet, su ex director adjunto Daniel Ponce, una funcionaria y el delegado de Empleo en la Junta en Sevilla, Antonio Rivas.