El expresidente de CEOE y sus socios, encabezados por Ángel de Cabo, en la trama en la que se investigan presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo e insolvencia punible, entre otros, tendrán que hacer frente a la mayor fianza impuesta en España para eludir la cárcel. En total los nueve detenidos en el marco de la conocida como operación Crucero suman más de 112 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco impuso ayer a Ángel de Cabo la mayor fianza impuesta en España a una persona, 50 millones de euros. A Gerardo Díaz Ferrán y a Iván Losada, mano derecha de De Cabo, 30 millones a cada uno. Al resto de los detenidos se les impuso 500.000 euros de fianza, a excepción de a dos de ellos. A Susana Mora, secretaria de Ángel de Cabo, en cuya casa la policía encontró un millón de euros, el juez impuso 3.000 euros de fianza que fueron ayer mismo abonados. Rafael Tormo, otro de los detenidos y que ejercía labores administrativas en el grupo de De Cabo, salió en libertad. El juez dictó orden de prisión para Ferrán, De Cabo y otros cinco imputados por Marsans.
En el auto dictado ayer por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha accedido este diario, el magistrado explica que de "la investigación policial se desprenden numerosos y marcados indicios" de que Díaz Ferrán y su socio en Marsans, Gonzalo Pascual, fallecido este año, "acordaron con De Cabo Sanz una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en las que su grupo empresarial se hallaba inmerso". Dicha estrategia pasaba por ceder el control de Marsans a De Cabo quien se comprometía "a realizar una serie de pagos a los empresarios". El juez afirma que Díaz Ferrán "habría recibido varios de los pagos pactados con De Cabo".
El juez señala que Díaz Ferrán y Pascual "habrían diseñado una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial". Los dos empresarios acordarían el traspaso de sus empresas y patrimonio personal al entramado de De Cabo "creando una aparente insolvencia, ya que en realidad cada propietario de Marsans debía recibir 100.000 euros mensuales hasta alcanzar la suma de 8 millones de euros, respectivamente".
Pero mientras que Díaz Ferrán "habría ido recibiendo las mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo, para lo cual visitaría la sede de Aszendia [el grupo de Ángel de Cabo] en Valencia cada dos o tres semanas, Pascual Arias no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento".
El juez justifica las fianzas impuestas señalando que los delitos de los que se les acusa "tienen tal gravedad penológica y social que pese al arraigo español imbuyen un riesgo de fuga". Además añade que la elusión de la acción de la justicia en este caso "solo es conjurable con fianzas económicas, que al ser el apoderamiento definitivo económico para frustrar el derecho de crédito de sus más de 10.000 acreedores (...) lo que explica el importe de su fianza y el de las personas que desde la cooperación necesaria han maquinado operaciones para, lucrándose, revertirle efectivo y patrimonios detrayéndolos a sus legítimos acreedores modulando la fianza de cada partícipe en función de su participación en la trama urdida para ello entre Díaz Ferrán y su socio fallecido, por una parte, y De Cabo y sus cooperadores necesarios, por otra".
A Ángel de Cabo se le acusa de los presuntos delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible con el agravante de ocultación patrimonial "de notoria cantidad de dinero"; estafa procesal concursal; falsedad documental, y blanqueo de dinero. El ministerio fiscal solicitaba prisión incondicional comunicada sin fianza para Díaz Ferrán, De Cabo y Losada.
El juez decreta la prisión provisional incondicional comunicada de los detenidos en el auto contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días. "Expídase el preceptivo mandamiento de ingreso en prisión de los imputados".
El top 7 de las fianzas más elevadas
1. Ángel de Cabo. El juez ha impuesto al empresario valenciano que se hizo cargo de Marsans y Nueva Rumasa 50 millones de euros, la mayor de la historia judicial en España.
2. Gerardo Díaz Ferrán. El ex presidente de la CEOE y ex propietario de Marsans tendrá que pagar 30 millones para eludir la cárcel.
3. Iván Losada. Considerado mano derecha de Ángel de Cabo;_el juez le ha impuesto 30 millones de fianza. Se le acusa de "colaborador necesario" de delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punibles, entre otros.
4. Javier de la Rosa. En junio de 1999 la Audiencia Nacional le impuso 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) de fianza en relación con el "caso Torras".
5. Francisco Correa. Al supuesto cabecilla de la trama Gürtel el juez le impuso 15 millones de euros de fianza; después le fue rebajada a 200.000 euros.
6. Husein Salem. El pasado año el juez impuso fianza de 15 millones al empresario en la causa en la que se tramita la petición de extradición cursada por Egipto por sus vínculos con el expresidente de ese país Hosni Mubarak.
7. Mario Conde. Al ex presidente de Banesto se le impuso, en 1995, una fianza de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros).
