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La compañía de detergentes en quiebra y parte de su consejo de administración citado en los tribunales. Un Juzgado de San Sebastián ha llamado a declarar a siete miembros de la cúpula directiva de Bilore, entre ellos varios miembros de su máximo órgano de gobierno, por una presunta falsedad documental. La denuncia procede del ex presidente de la sociedad, José Antonio Marín.

Durante el próximo mes de agosto los anteriores gestores de Bilore, uno de ellos consejero delegado de una sociedad de capital riesgo controlada por el Gobierno vasco, pasarán por el Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián para rendir cuentas sobre un presunto delito de falsedad documental. A este proceso se suma el emprendido por Manuel Luque, es director general de la firma fabricante de detergentes con sede en Zaldibia (Guipúzcoa) y titular de un 5% de su capital, que tiene en curso una reclamación judicial de dos millones de euros por injurias y falsedad documental contra una consejera de Bilore. Además hay otras actuaciones judiciales en materia de impugnación de las cuentas de 2002, actuaciones del consejo en materia de actas y convocatorias y una pieza de oposición a la declaración de quiebra.

La raíz del rosario de procesos judiciales tiene su origen cuando el máximo órgano de gobierno de Bilore decidió destituir de sus cargos a José Antonio Marín y Manuel Luque. Ambos presentaron sendas demandas por separado, casi todas ellas en fase de instrucción, al considerar que se habían lesionado sus intereses -tienen en conjunto un 15% del accionariado- y los de la compañía.

Bilore, que llegó a contar con más de 250 trabajadores y dos plantas, quebró a finales de 2003 con un exigible superior a los 32 millones.