La juez considera que "los hechos objeto de la querella no quedan indiciariamente acreditados tras las múltiples pruebas practicadas en su averiguación".
"En ningún momento se ha descrito por parte de los querellantes, ni por testigos, ni se observa de la documentación, que el papel del querellado, como presidente del consejo de administración de Sacyr, haya sido determinante", indica el auto.
"Antes bien, todo el proceso se ha realizado en consenso entre dos sociedades avaladas por los respectivos administradores y por la junta de accionistas", añade la jueza sobre la operación de 2006 origen de la querella, aquella por la que Itínere, ex filial de concesiones de Sacyr, compró la extinta concesionaria de autopistas Europistas a través de una opa.
Así, "ante la inconsistencia de los elementos probatorios respecto a los delitos que se dicen cometidos, se puede añadir que menos aún concurrían en el querellado", añade el auto.
La jueza recuerda que "el mero hecho de interponer una denuncia no implica la apertura de un procedimiento penal con todas sus consecuencias, y menos la apertura de juicio oral". "Si de manera clara y practicadas diligencias de prueba se determina que no está suficientemente justificada la perpetración del hecho delictivo, el juez está obligado a archivar la causa", señala.
Además, la titular de este juzgado indica que "la personalización de los perjuicios en el querellado, como presidente de Sacyr, dota al hecho de una repercusión mediática que no tendría de otro modo".
"Resulta patente que, tratándose de una sociedad cotizada, en un momento de crisis y de gran sensibilidad en los mercados bursátiles, ante cualquier atisbo de desconfianza se haría un gran daño a la sociedad con la sola citación a declarar, cuando nada más puede aportar a la ya abundante y cualificada información", indica el auto.
Para la juez, "es evidente que por las noticias filtradas a la prensa, incluso sobre la próxima citación a declarar de Del Rivero en calidad de imputado, la querella busca este tipo de efectos mediático y con ello al menos un perjuicio a la empresa que los tribunales deben tratar de impedir".
"Procede, pues, el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder a las partes ante la jurisdicción civil por estos hechos", concluye el juzgado.
De esta forma, la jueza archiva el proceso surgido cuando un grupo de accionistas minoritarios de la extinta Europistas demandaron a Luis del Rivero al considerar que a cierre de diciembre de 2007 Sacyr incumplió su compromiso de recomprar las acciones de Europistas que aún quedaban en el mercado a un precio de 9,15 euros por acción más gastos financieros.
Según los demandantes, este compromiso figuraba en el folleto de la opa por la que la entonces filial de concesiones de grupo Itínere compró Europistas.
