Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 1:10 h.
Correos se encarga ahora de la mayoría de estos envíos
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Bruno Pérez - Madrid - 07/05/2008
La Audiencia Nacional ha abierto a la competencia de un solo plumazo y cuatro años antes de lo previsto por Bruselas (que ha fijado la liberalización de los servicios postales para 2011) una buena porción del mercado postal doméstico, colonizado a día de hoy por el operador público, Correos y Telégrafos, que lo acapara en un 90%.
Se trata, concretamente, de los envíos que realizan los ministerios y otros organismos estatales, autonómicos y municipales, cuya gestión se venía adjudicando por defecto al operador público a través de convenios de colaboración que sorteaban la Ley de Contratos Públicos, que obliga a sacar a concurso estos servicios.
Al menos, así lo ha considerado la Audiencia Nacional, que ha declarado nulo un convenio de este tipo firmado en 2002 entre Correos y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, bajo el argumento de que esos envíos postales no forman parte del espacio reservado al operador dominante y, por tanto, deben ser objeto de concurso público. La Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulación de Correspondencia, representativa de los operadores postales privados y denunciante en el caso, ya ha avanzado que recurrirá todos los convenios de este tipo que estén en vigor si las Administraciones no asumen el criterio de la Audiencia y sacan sus envíos postales directamente a concurso. 'Tenemos derecho a exigir el acceso a una parte del mercado que hasta ahora estaba cautiva', subraya su secretario general, Juan Piqueras.
Un negocio millonario
Según los propios datos de la Administración, el correo que remite del sector público significa el 25% de la facturación del operador estatal, lo que supone 500 millones de euros. Dado que los Presupuestos del Estado reservan una cantidad de 92 millones para la financiación del servicio universal -envíos de servicio público que la ley reserva a Correos-, el negocio que se abre ante los ojos de las empresas privadas del sector se aproximaría a los 400 millones de euros. Unipost, el principal operador privado del mercado postal español con una cuota del 7%, apenas factura hoy 100 millones anuales.
No es extraño que fuentes de este operador hayan manifestado ya su intención de acudir a todos los concursos que se abran a partir de ahora para la gestión de los servicios postales de los departamentos de la Administración del Estado y del resto de administraciones.
Unipost ya presta este servicio en ayuntamientos, diputaciones provinciales y autonomías que sí han optado por sacar a concurso público sus envíos postales.
Correos, el principal afectado de la sentencia, tiene serias dudas sobre su alcance. Destaca que no es firme, que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado y que hay precedentes que validan los polémicos convenios.
Lo bueno de ser operador dominante en un mercado es que la oferta de servicios será muy superior al resto. Lo malo de ser un operador público es que a veces se debe prestar servicios que no son rentables. Los precedentes indican que los precios a los que una empresa pública suele prestar sus servicios a la Administración son inferiores a los que éstos tendrían en el mercado libre.
Bajo esta premisa, parece complicado que la sujeción a concurso público de los servicios postales permita mantener el gasto por este concepto en los niveles actuales. Fuentes del operador público reconocen que muchos de los servicios postales que prestan, incluso fuera del servicio postal universal que la ley les reserva, se tarifan por debajo de coste. Un escenario que no se podría mantener ante un operador privado, que, lógicamente, tiene como objetivo ganar dinero.
La patronal del sector privado, por contra, asegura que puede prestar el mismo servicio, al mismo coste y con más calidad.
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