Isolux, Comsa, Azvi y Sando deben invertir aún 113 millones en la deficitaria AP-41
Los accionistas de la autopista AP-41 (Madrid-Toledo) han recibido la sentencia del Tribunal Supremo, en la que se reconoce el derecho a indemnizaciones de Fomento, como todo un balón de oxígeno. Pero la supervivencia de la concesionaria, participada por Isolux, Comsa, Azvi y Sando, no está resuelta. Aún no han sido fijadas las compensaciones y deben soportar nuevas inversiones.
La empresa declara números rojos ante la falta de tráfico. Y es que la autopista perdió todo su atractivo cuando el Gobierno suspendió la prolongación hasta Córdoba, tal y como venía fijado en el pliego de condiciones. Es decir, la AP-41 más el Corredor Sur dejaban de ser una clara alternativa a la A-4 hacia Andalucía salvando el puerto de Despeñaperros.
Los cifras hablan claramente del daño. En 2010 pagaron el peaje 1.656 vehículos diarios, un 11% de los 14.854 previstos. Fuentes cercanas a la concesión aseguran que las pérdidas acumuladas a 31 de diciembre, tras cuatro años de funcionamiento, son de 34,4 millones. Una sangría que continúa en 2011, con 3,7 millones más hasta el 31 de marzo. El plazo de explotación arrancó en 2007 y expira en 2039.
La AP-41 arrastra un crédito de 380 millones por el que paga 20 millones al año en intereses. Los escasos ingresos por tráfico han motivado que los accionistas hayan comprometido 32 millones -de los que se han desembolsado ya 26,6 millones- para evitar la quiebra de la concesión.
Pero sus aportaciones no quedarán aquí. La inversión realizada hasta el pasado 31 de marzo es de 410 millones, sin incluir una partida pendiente de 113 millones, en su mayor parte dependiente de las expropiaciones de suelo.
En su demanda ante el Supremo, la empresa había calculado en 420 millones el impacto negativo de la decisión del Gobierno en torno al Corredor Sur y la entrada en servicio de la M-407, desdoblada por la Comunidad de Madrid y libre de peaje (tampoco estaba contemplado en el pliego de la concesión).
El ministro de Fomento, José Blanco, se comprometió meses atrás a respetar el fallo del Supremo, por lo que ahora tendrá que sentarse a negociar el reequilibrio económico-financiero. Se especula con soluciones como el peaje en sombra y las subvenciones a la explotación.