La ingeniería española y su 'enemigo' público

Los hay en las filas del PP que argumentan que España no precisa ingenierías públicas como Ineco. Y lo llamativo es que buena parte del sector privado avala esa opinión. Ven en este gigante un competidor desleal que absorbe oportunidades de trabajo por la vía de las encomiendas de gestión. Una figura de adjudicación urgente sin concurso previo. Solución: privatizar Ineco.

Sobre este asunto, que atañe al futuro de la ingeniería, y ante el próximo cambio de Gobierno, convendría preguntarse qué se gana y qué se pierde con un paso de esa naturaleza.

Ineco es una sociedad mercantil, pero no al uso. Participada por accionistas públicos (Aena, Adif y Renfe), está sujeta al control de la Intervención del Estado y sus presupuestos anuales pasan el filtro de Hacienda. Con 3.182 empleados y 266 millones de facturación en 2010, está considerada como la gran ingeniería española en infraestructuras de transporte. La experiencia de su plantilla y su creciente expansión internacional -la cartera de proyectos fuera asciende a unos 100 millones, a los que habría que sumar otros 120 millones por la reciente adjudicación del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina- son fortalezas a considerar por posibles compradores. Pero su actividad en España (280 millones en cartera) cotizaría con un fuerte descuento al no poder disfrutar, una vez privatizada, de las citadas encomiendas de gestión.

Distintos expertos consultados la valoran entre 350 y 400 millones. Una cifra a tener en cuenta en el actual contexto de estrechez económica, pero no es ni el volumen de la frustrada salida a Bolsa de Loterías ni se trata de las concesiones de Aena.

Defensa del interés general

Más allá de la tentación de hacer caja o eliminar un supuesto estorbo para el sector privado, debe abrirse un debate desde el punto de vista estratégico. Ineco nació en 1968 para asesorar al Estado en sus inversiones en infraestructuras. Hoy sigue planificando y controlando al sector de la construcción en su relación con Aena, Adif, Renfe o Fomento. Podría hablarse de un ejercicio de defensa del interés general que difícilmente ejercerían los órganos licitadores de obra civil por sí solos.

La firma pública también se ha convertido en una especie de regulador de precios. El año pasado decidió bajar tarifas (hasta el 14% en proyectos para el Ministerio de Fomento) y eso tiró del resto del sector.

De desaparecer la Ineco de accionariado público, ¿quién diseñaría los planes de infraestructuras? ¿Quién atendería asuntos de emergencia? ¿A quién podría recurrir la Administración en el caso de trabajos poco rentables? ¿Hay alguna firma con igual bagaje en el campo aeronáutico?

Habrá respuestas para todos los gustos y todas argumentadas. Quizás haya quien apueste por la convivencia, sin que ello suponga dejar las cosas como están.

Fomento tendría que abundar en racionalizar el uso de la encomienda de gestión e Ineco ha de bajar el ritmo en concursos públicos aunque solo sea por la sequía de proyectos. Lo cierto es que ya ha levantado el pie en materia de carreteras, donde encuentra abundante competencia, y lo lógico es que vaya haciéndolo en ingeniería ferroviaria.

Hacer de este gigante una locomotora en el extranjero, tal y como ha sugerido en distintas ocasiones el presidente de la patronal Tecniberia, José Luis González Vallvé, es un argumento que puede desaconsejar la privatización. A la ingeniería española no se le discute la capacidad técnica, pero su alta atomización juega en contra en las grandes ligas de la obra internacional.

Ineco ha realizado en el último año todo un esfuerzo para ganar peso en el exterior del que se aprovechan firmas como Prointec, Ayesa, Apia XXI, Grado AAA, Tekia y Semic, algunas de las privadas que ya trabajan fuera con su rival. Y esa suerte seguirá tocando a otras empresas.

En los últimos años la cifra de negocio internacional de la ingeniería pública ha rondado los ocho millones. En 2011 podría subir hasta 80 millones. Este salto, respaldado por un esfuerzo millonario en acciones comerciales, está fuera del alcance de muchas ingenierías españolas. De igual modo, es inimaginable dedicar más de 50 personas al área internacional, como hace Ineco, o participar en 200 concursos a lo largo de 2011 en todo el planeta.

Es probable que los privados sean los primeros interesados en impedir una eventual privatización. Al fin y al cabo, la construcción ha perdido su vigor en España y el maná espera fuera.