El informe de la administración de Urende apunta a la culpabilidad
La cadena de electrodomésticos Urende, de la familia Sánchez-Ramade, presentó concurso de acreedores en julio de 2011, pero su situación era de insolvencia, al menos, a finales de 2010. El concurso podría ser declarado culpable al haberse retrasado la solicitud de declaración del mismo.
Los administradores nombrados por el juez en el concurso de la cadena de electrodomésticos Urende han presentado su primer informe sobre el proceso, al que ha accedido este diario. La compañía, de la familia Sánchez-Ramade, presentó solicitud de concurso voluntario en julio de 2011. A 31 de diciembre de ese año la empresa contaba con un pasivo de 236,4 millones y una masa activa de 161,6 millones de euros.
Urende llegó a emplear a un millar de personas y se anunciaba como una de las mayores cadenas de distribución de electrodomésticos a nivel nacional. El grupo Sánchez-Ramade estaba considerado como el segundo mayor de Andalucía tras Abengoa. Además de Urende, presentaron concurso otras sociedades familiares, la más importante la inmobiliaria Noriega.
Según el informe elaborado por los administradores concursales de Urende, la compañía presentaba a 31 de diciembre de 2010 "una enorme diferencia entre el activo corriente, por importe de 38,3 millones de euros, frente a un total de 120,5 millones que representa el pasivo corriente o a corto plazo". Estas cifras suponen que al cierre del ejercicio 2010 la situación económica de la empresa "que ya se había agudizado al cierre del ejercicio 2009, se ve agravada a límites insoportables". Los administradores indican que si la situación "de insolvencia era en ese momento meridianamente clara", solo se ve aliviada "contablemente" por la existencia de préstamos participativos que evitan así una de las causas de disolución descritas en la Ley de Sociedades de Capital.
De acuerdo a la Ley Concursal, las sociedades están obligadas a declarar su situación de insolvencia en un plazo de dos meses desde que esta es palpable. De no hacerlo, el concurso puede ser declarado culpable tras solicitarlo la administración concursal en un informe de calificación.
Los administradores destacan que el importe de las existencias de Urende pasó de un valor de 70,3 millones en 2008 a menos de 20 en 2010. "Este deterioro en las existencias conduce a una situación extrema cuando se inicia el expediente concursal y los almacenes en funcionamiento están prácticamente desabastecidos, con género muchas veces obsoleto y sin posibilidad de crédito para abastecer de manera óptima a los centros de venta".
Causas de la insolvencia
De acuerdo al informe concursal, la compañía considera que las causas de su insolvencia son la crisis financiera, que fecha en 2007, la fuerte competencia de multinacionales y otra causa "endógena". Sánchez-Ramade reconoció a la administración concursal "el error cometido por la dirección, al haber crecido excesivamente".
Los administradores añaden otras razones. Además de la compra de acciones de Iberdrola, una ampliación de capital en 2009, una operación que contradice la situación de crisis financiera.
La cifra
42,5 millones suman los créditos que debe Urende. De esta cantidad, 131,2 millones son créditos subordinados, los últimos en cobrarse.
La inversión "poco afortunada" de 400 millones en Iberdrola
La familia Sánchez-Ramade empleó Urende para invertir 420 millones en Bolsa. Lo hizo en 2007 y la mayor parte de esa cantidad se destinó a la compra de algo más del 1% de Iberdrola. En 2009 Urende acordó la venta de 47.400 acciones de Iberdrola a otra empresa de la familia, Bitriana Inmobiliaria, "sin dejar fijado en el acta el precio y condiciones", advierte la administración concursal de Urende. Los administradores destacan que se reservan "cualquier acción que procediera en cumplimiento de sus funciones" sobre este asunto. La inversión en Iberdrola se saldó al menos con una pérdida superior a los 56 millones. "No fue una decisión afortunada", dicen los administradores. Una inversión "de ese calibre" de una compañía de electrodomésticos puede ser considerada "como una decisión arriesgada e innecesaria".
De anónima a limitada para evitar valoraciones
El informe concursal de Urende cuestiona el cambio de figura societaria, de sociedad anónima a limitada, llevada a cabo en mayo de 2009 y las múltiples operaciones vinculadas que se produjeron a través de la mercantil Compañía Meridional de Inversiones (CMI), propiedad de la familia Sánchez-Ramade y titular de Urende. Entre estas operaciones destacan varias inyecciones "no dinerarias" a capital que se materializaron mediante entregas de activos, fundamentalmente inmobiliarios. "Llama la atención", dice en su informe la administración concursal, el empleo de la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada "para llevar a cabo una empresa de gran calado económico".En su análisis añade que la fórmula utilizada fue escogida "posiblemente de forma deliberada" con el objetivo de que no fuesen necesarias las pertinentes valoraciones de expertos independientes de las aportaciones no dinerarias. Estas contribuciones "fueron realizadas en gran cuantía en la ampliación de capital, cubierta mediante la aportación de la propiedad de activos inmuebles y la asunción de las cargas hipotecarias". Abundan en esta tesis al añadir que, al ser sociedad de responsabilidad limitada, determinó "también" que posteriormente no fuera necesaria valoraciones externas en la ampliación de capital desembolsada mediante la compensación de créditos.Estas operaciones se producen cuando ya el mercado inmobiliario caía en barrena. Compañía Meridional de Inversiones e Inmuebles (CMII), la matriz del grupo y propiedad de la familia Sánchez-Ramade, reconoció ya en sus cuentas anuales de 2007 y en su informe de gestión, que incluyen a Urende, la "crisis" con efectos "demoledores" y el "estallido de la burbuja inmobiliaria" provocando un progresivo deterioro.Pues bien, dos años más tarde, el 25 de junio de 2009, CMII suscribe una ampliación de capital con inmuebles valorados, según su criterio, en 175 millones y con cargas de 119 millones.Los auditores, que se ciñen a las normas contables, constatan que a final de 2010 el patrimonio neto de Urende estaba sobrevalorado en 18,5 millones, y por la tanto infravalorado su pasivo en igual cuantía.