La industria de derivados del cemento urge la Ley de Morosidad
Un 50% menos en ventas respecto a 2007, el 34% de las empresas con recortes de personal, y retrasos en los cobros que están disparando los gastos financieros hasta los 1.700 millones anuales. La patronal Fedcam dibuja este panorama entre las 3.200 empresas que se dedican en España a la producción de derivados del cemento. El colectivo urge medidas al Gobierno para el control de la morosidad.
La industria de los materiales de construcción agoniza y espera un 2010 crítico. Así lo estima José Miguel Gil, presidente de la Federación Empresarial de Derivados del Cemento y Materiales de Construcción en una entrevista con CincoDías. Desde su posición -también es director general de la firma de prefabricados de hormigón Forte- señala que los retrasos en los pagos de la Administración y de las constructoras ponen en jaque a más de 3.200 fabricantes de productos derivados del cemento.
"Las constructoras nos están pagando a más de 200 días y las aseguradoras no cubren el riesgo", explica Gil, "sin embargo nosotros pagamos a las cementeras y demás proveedores en 30 días porque, de lo contrario, no nos sirven".
La diferencia entre los gastos y los retrasos en cobrar se cubre con créditos que arrojarán unos gastos financieros de 1.700 millones en 2009, según el presidente de Fedcam: "Los créditos ICO no nos están llegando y la banca ha disparado los diferenciales".
En este contexto, los productores de estos materiales para la construcción han visto caer sus ventas alrededor de un 50%, desde los 15.500 millones que facturaron en 2007. Y las plantillas adelgazan un 51%, desde los 66.000 trabajadores que declaraban en los primeros compases de la crisis: "El 34% de las compañías del sector están afectadas por regulaciones de empleo", asegura. Una cifras que se disparan si se incluye a los almacenes que venden este tipo de productos y que también están representados por Fedcam.
Con la construcción residencial paralizada, una posible receta anticrisis es la consolidación: "Creo que el stock de vivienda seguirá lastrando a la promoción durante tres años más. El sector está abocado a una concentración urgente para aguantar lo que quede de crisis", afirma José Miguel Gil.
Llamada al Gobierno
A juicio de Fedcam, la Administración debería actuar como responsable subsidiaria en caso de impagos por parte de los contratistas de obra civil. En cuanto a nuevos proyectos, la federación tiene dudas ante la oleada de obra con financiación público-privada que se avecina: "Buena parte de los planes de Fomento se basan en proyectos PPP, pero la banca está manifestando dudas sobre su financiación".
Otras soluciones que apunta Fedcam tienen que ver con el impulso decidido a la Ley de Morosidad. Su tramitación parlamentaria está prevista para la primera quincena de febrero y está llamada a reducir el plazo máximo de pago entre empresas hasta 60 días y el pago entre empresas y administraciones hasta 30 días.
Gil espera que el texto legal no deje cabos sueltos: "El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible también trata la morosidad, pero deja abierta la posibilidad de negociar los plazos de pago entre empresas. Las grandes constructoras pueden acogerse a esa salvedad para imponernos plazos inasumibles".