Espaldarazo del Ejecutivo a la industria de defensa. La Moncloa ha decidido atender una de las reivindicaciones más antiguas del sector: que las empresas puedan contar con respaldo gubernamental a la hora de llevar a cabo operaciones comerciales o acuerdos bilaterales en el extranjero.
Así, dentro del real decreto-ley de liberación del comercio y otros servicios aprobado el viernes por el Consejo de Ministros se incluyen medidas que abren la posibilidad de que se suscriban contratos directamente Gobierno a Gobierno para la gestión de programas de armamento y material de defensa que se vaya a vender en el exterior.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó en rueda de prensa que este cambio normativo equipara a España al resto de países de su entorno y pone fin a una situación que perjudicaba a las empresas a la hora de conseguir posibles contratos a nivel internacional.
En el último informe anual de la patronal de defensa Tedae, su presidente, el exministro Julián García Vargas, ya insistía en la necesidad de regular un régimen de este tipo que permitiera "enmarcar las exportaciones en acuerdos bilaterales al más alto nivel político, con apoyo técnico y garantías estatales".
Actualmente, ya hay muchos países (los de Oriente Próximo, por ejemplo) que exigen un acuerdo entre Estados para dar el visto bueno a la compra de armamento.
Este sistema supone que es el Gobierno el que se encarga de la gestión de los contratos de defensa que se acojan a este esquema en todas sus fases, desde la negociación y firma hasta la entrega del material. En todo caso, seguirán siendo las empresas (que tienen libertad para seguir cerrando contratos de forma independiente) las que corran con los gastos pertinentes de estas operaciones.
Según los últimos datos oficiales, en 2011 las exportaciones de material de defensa por parte de España fueron de 2.431 millones de euros. Las grandes empresas del sector son EADS, Navantia, Indra y GD Santa Bárbara.
