Telefónica tuvo conocimiento del problema en octubre de 2005 gracias a un joven de Castelldefels (Barcelona) que detectó el error y se puso en contacto con la compañía, a la que pidió un millón de euros para evitar la denuncia de los hechos, según aparece en la resolución de la Agencia.

Tras la negativa de la multinacional -que reparó rápidamente el problema- a abonarle dicha cantidad, el joven, que tiene un elevado grado de conocimientos informáticos, denunció ante la Fiscalía que se podía acceder a la información de clientes de Terra (propiedad de Telefónica España) a través de su portal en Internet.

Pese a que el operador defendió que su actuación está ausente de culpabilidad, la Agencia considera que el error, que permitió el acceso a datos personales de los usuarios de Terra como dirección postal, contraseñas o datos de tarjetas de crédito, supone "un incumplimiento de las medidas de seguridad exigidas" y que, a su vez, "deriva en una vulneración del deber de secreto profesional".

No obstante, el ente regulador ha decidido imponer una sanción que considera de "cuantía mínima" porque sostiene que no hubo intencionalidad por parte de Telefónica.