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Mientras políticos y opinión pública se centran en evitar los masivos ERE de las grandes multinacionales afincadas en España, las pequeñas sociedades libran su particular batalla por la supervivencia. Miles de pymes y empresas familiares ven a diario como los bancos les rechazan los pagares emitidos por grandes inmobiliarias, que hace pocos meses eran un ejemplo de solvencia.

El sector de la construcción es el más golpeado por la crisis y acumula entre un 60% y un 70% de los casos de impago. "Lo único que se puede hacer es seguir buscando otro banco, pero el problema es que no se puede reclamar, ya que no hay organismos oficiales que den este servicio", comenta Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación Española de Comercio con respecto al cobro de pagarés.

Un estudio del IE Business Schools estima que en dos años desaparecerán hasta un 20% de las pymes a causa de los impagos, empresas cuyo personal va desde un trabajador autónomo hasta los 40 ó 50 empleados. "Las grandes compañías pueden subsistir a estos problemas, pero las pymes desaparecen fácilmente con el concurso de acreedores, desaparecen y no vuelven", relata José María Carrasco, vicepresidente de Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción.

El rechazo del pagaré en primera instancia no es lo más grave. Cientos de empresas han recibido crédito bancario avalado con pagarés que han sido denegados hasta seis meses después de recibir el préstamo. Con un dinero gastado que no podrán devolver, los propietarios de estas empresas se ven en la necesidad de responder con sus propios bienes: viviendas, automóviles o cualquier activo que pueda saldar su deuda con el banco.

Según los datos que maneja la Asociación Española para la Prevención de Impagos y Morosos, el retraso en los pagos por parte de ayuntamientos a finales de 2008 era superior a siete meses con las pequeñas empresas y de más de una año para los profesionales autónomos. Calculan que la deuda total a corto plazo que tienen las administraciones locales con las pymes asciende a 6.000 millones de euros, si bien Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, estimó la pasada semana que las Administraciones Públicas adeudan un total de 3.000 millones al tejido empresarial español.

Cambiar la legislación, vía para la supervivencia

En la actualidad, muchos de los pagares se entregan con una fecha de vencimiento de hasta 180 días, mucho tiempo para empresas sin demasiada capacidad financiera. La principal exigencia desde las asociaciones de pymes y autónomos se centra en la reforma de la Ley de Morosidad. Reducir los plazos hasta 30 días, según ellas, garantizaría la supervivencia de muchas empresas.

"Trabajamos en dos frentes: negociamos con el ICO para que nos presten por lo menos el 30% de lo que se nos adeuda y hemos hablado con políticos para que se nos devuelva el IVA", comenta José María Carrasco con relación a las actuaciones que llevan a cabo. Autónomos y pequeños empresarios creen, que estas dos medidas no desestabilizarían el sistema y contribuirían de forma muy positiva a la financiación del sector.