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Fernando Martínez - Madrid - 07/11/2006
Bastan unas cifras para hacerse una idea del calado de la corrupción urbanística en la geografía española: el número de diligencias abiertas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente aumentó en 2005 un 62,65%, de 2.016 a 3.279, según datos de la Fiscalía General del Estado. Las consecuencias en la imagen de transparencia de la Administración pública son inevitables. España ha caído de 7 a 6,8 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (cuantos más puntos, menos corrupción), que elabora desde hace 12 años la ONG Transparencia Internacional y que fue presentado ayer en rueda de prensa. Es la peor nota de España desde 1999.
'Todos los poderes públicos deben reaccionar inmediatamente. La corrupción es como un cáncer, cuando se empieza a extender, si no se para, acaba por afectar a todas las instituciones democráticas', advirtió en la presentación Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de la comisión ejecutiva de Transparencia Internacional España.
España está en el furgón de cola de la UE, pero hay otros países donde el panorama pinta mucho peor. Es el caso de Portugal (6,6 puntos) y especialmente de Italia (4,9) y Grecia (4,4), los tres países de la zona euro que están por debajo de nuestro país. Como es tradición, los países nórdicos copan los primeros puestos por grado de transparencia, con Finlandia e Islandia en el primer y segundo lugar (ambos con 9,6 puntos), mientras que Dinamarca es cuarta (9,5 puntos) y Noruega, octava (8,8 puntos).
Los expertos no quieren dramatizar. 'La honradez de los funcionarios públicos es extraordinaria y, al contrario de otros países, donde la corrupción es un hecho generalizado, el problema de España se focaliza en el asunto urbanístico', recalcó Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. Son los alcaldes, concejales y promotores urbanísticos encausados por presuntos delitos de corrupción los que copan los titulares de prensa, pero para los expertos esa es la anécdota y no la raíz del problema. 'Lo relevante es la perversión del sistema de financiación', explicó Jesús Sánchez, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset.
'El problema es que los ayuntamientos no tienen ingresos fiscales suficientes para cubrir los capítulos I, II y VI del presupuesto ordinario los gastos corrientes y se ven obligados a utilizar el urbanismo para financiarse', detalló Jesús Sánchez. 'Cuando los convenios urbanísticos se publican sólo después de haber sido aprobados y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, es un indicativo de la dinámica perversa en la que se ha entrado', remató el directivo de la ONG.
Como una primera medida para paliar la situación, Transparencia Internacional propone redistribuir los impuestos y que el gasto público del Estado se centre menos en las comunidades autónomas y más en los municipios, para dotarlos de mejores infraestructuras administrativas. La ONG también ha comenzado a realizar su aportación directa para contribuir a atajar la corrupción; el equipo de Transparencia Internacional está trabajando ya en la creación de un índice que mida la transparencia de los ayuntamientos españoles.
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