Este recurso ha sido presentado contra una sentencia del 18 de diciembre de 2006 del Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid, en la que se desestimaron parcialmente las reclamaciones de Iberdrola.

En concreto, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán litiga contra Telefónica de España, Telefónica Móviles y otras nueve sociedades del grupo por la actualización de contratos de suministro eléctrico.

Iberdrola exigía inicialmente al grupo de César Alierta el pago de 23,8 millones. Dado que la sentencia de diciembre de 2006 sólo le daba la razón en parte y ordenaba a Telefónica desembolsar 1,3 millones, la eléctrica ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid la diferencia, esto es, 22,5 millones.

Este litigio es uno de los principales procesos abiertos en los que participa la eléctrica, recogidos en su folleto continuado, remitido a la CNMV. Otro de ellos se refiere a un arbitraje entre la compañía y Gas Natural, en el que la primera reclamaba 70 millones de dólares (44,8 millones de euros) por la revisión “ordinaria” de contratos de aprovisionamiento

Por su parte, Gas Natural exigía en paralelo a Iberdrola 95 millones de dólares (60,8 millones de euros) también por la revisión de contratos, aunque en este caso de carácter “extraordinaria”.

Este procedimiento arbitral concluyó con un laudo en mayo de 2007 que desestimó las exigencias de la gasista y estimó parcialmente las de Iberdrola, a la que concedió el cobro de unos 48 millones de dólares (30 millones de euros).

No obstante, Gas Natural ha presentado una demanda de anulación de la decisión arbitral, que se está tramitando en la Audiencia Provincial de Madrid.

Otro de los principales procesos de la compañía de Sánchez Galán la enfrenta con Red Eléctrica de España (REE). En este caso, existe un laudo arbitral y una sentencia posterior de la Audiencia Provincial de Madrid, contra la que no cabe recurso.

REE reclamaba a Iberdrola 33 millones de euros por un pretendido ajuste del precio de contrato de transmisión de la red de transporte suscrito en diciembre de 2002. Por su parte, Iberdrola formuló una reconvención del contrato por 7,4 millones.

El arbitraje entre las partes concluyó que Iberdrola debía desembolsar 7,4 millones, a lo que la eléctrica presentó una demanda ante la Audiencia Provincial de Madrid en la que consideraba nulo el laudo por extemporáneo. La Audiencia confirmó el dictamen del tribunal arbitral.