Iberdrola ha cerrado uno de los capítulos que le permitirán reducir costes durante los próximos años. La eléctrica ha firmado con los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para 3.168 trabajadores hasta 2006 que le supondrá un coste de 515 millones de euros, pero que le posibilitará recortar su masa salarial en ese periodo en cerca de 210 millones de euros.

El acuerdo alcanzado con las centrales era uno de los objetivos marcados por Iberdrola en su plan estratégico 2002-2006. La reducción neta de empleo se situará en 2.500 trabajadores (se incorporarán 650 personas), de los cuales más de 1.000 se encontraban en situación laboral especial (SLE), es decir, no acudían a su puesto de trabajo, pero cobraban el 90% del salario bruto. De esta forma, la plantilla de Iberdrola quedará en unas 8.000 personas.

El nuevo acuerdo afecta a los mayores de 58 años durante la vigencia del plan y percibirán el 90% del salario neto hasta su jubilación a los 61 años. Mediante un convenio especial con la Seguridad Social, los trabajadores que no deseen jubilarse anticipadamente deberán pagarse las cuotas a ese organismo hasta los 65 años para cobrar su pensión integra. La plantilla saliente mantendrá íntegros los beneficios sociales que tenían hasta ahora.

La compañía, a través del pacto alcanzado con los sindicatos, que deberá ser visado en un plazo de 15 días por la Dirección General de Trabajo, se compromete a que durante la vigencia del expediente de regulación de empleo no se produzcan nuevos ajustes laborales. En cualquier caso, mantendrá abierto un programa de bajas incentivadas.

El plan estratégico 2002-2006, cuyo objetivo es duplicar el tamaño y los resultados de Iberdrola en este periodo, se apoya en cuatro pilares: eficiencia operativa con reducción de costes en el que se incluía el ajuste laboral, rentabilidad de las inversiones, aumento de la productividad y optimización de las relaciones con los clientes.

La compañía presidida por Íñigo de Oriol tiene previsto invertir 12.000 millones de euros en los próximos cuatro años, que se financiarán con la generación de caja, las desinversiones y la reducción de costes, lo que le permitirá renunciar a 2.000 millones de deuda adicional para financiar su plan inversor. De la cifra total, 4.700 millones de inversión se dedicarán a la construcción de plantas de ciclo combinado con 4.000 megavatios de potencia y a la puesta en marcha de parques eólicos con 3.800 megavatios.