Hunosa ha roto hoy el silencio sobre el misterio del carbón de su propiedad desaparecido en los parques del Grupo Alonso, una información que, hasta ahora, ni había confirmado ni desmentido la empresa pública. Tras la celebración de un consejo extraordinario para tratar sobre el asunto, la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, anunció que la compañía va presentar una querella contra el grupo del empresario leonés Victorino Alonso "por apropiación indebida o por estafa" por un quebranto que podría situarse en los 46 millones de euros.
Este sería el coste del carbón desaparecido que, según Hunosa, superaría el medio millón de toneladas propiedad del Estado que la compañía compró en 2010 y quedaron depositados en una veintena de parques de distintas empresas mineras. Es el conocido almacenamiento estratégico temporal de carbón nacional creado en 2009 tras el derrumbamiento de la demanda, en tanto el Gobierno de Zapatero ideó un mecanismo para obligar a las eléctricas a quemar el combustible en sus centrales térmicas, (que no lograban competir en el mercado), a un precio regulado.
Según informó ayer la presidenta de Hunosa en Oviedo, los servicios jurídicos de la compañía aún no han decidido contra quiénes irá dirigida esta querella (el grupo de Alonso lo componen dos empresas Uminsa y Coto Minero Cantábrico o CMC), que presentará en breve, ni tampoco el montante final de la presunta apropiación indebida o estafa. Dicho montante dependerá del precio que se asigne al carbón (el precio ronde entre 60 y 70 euros la tonelada) y del informe de un perito independiente que debe cuantificar aún una parte del mineral desaparecido. Mallada informó también de que la compañía ya ha activado "las garantías contractuales" para recuperar 26 millones de euros. Y añadió, que está dispuesta a llegar a donde sea para aclarar la desaparición del mineral de las instalaciones de Alonso.
En 2009, Hunosa firmó 15 contratos con nueve empresas mineras para adquirir algo más de tres millones de toneladas de carbón, que quedaron almacenados en una veintena de depósitos de Palencia, Asturias y León. Según Mallada, sólo ha habido problemas de desfase en el carbón almacenado con las dos empresas del Grupo Alonso y que el primero se detectó el pasado mes de octubre y se cifró en 100.000 toneladas. Dos meses después, otras 370.000 toneladas de mineral depositadas junto a la central térmica de Compostilla (León) supuestamente del almacenamiento público aparecieron con un cartel que indicaba que eran propiedad de Endesa, eléctrica que aseguró haber comprado el mineral.
En total, y a falta de que un perito independiente cuantifique aún cuánto carbón falta de algunas pilas, las mediciones de Hunosa arrojan un desfase de 528.214 toneladas, descubrimiento que llevó al Gobierno a aplazar el pago de las ayudas al carbón a las empresas correspondientes a 2012 (111 millones de euros). Además de las de Alonso, la Hullera Vasco Leonesa y un buen número de pequeñas mineras.
Mallada informó que, según los contratos firmados, Hunosa debe pagar una renta mensual por el almacenamiento y custodia de los depósitos de carbón de las empresas privadas, pero que éstas "no pueden utilizarlo, ni moverlo ni, por supuesto, venderlo". En el caso de las eléctricas que lo queman en sus centrales pagan por la custodia ocho euros por tonelada cuando se le suministra.
Mallada cuestionó también las respuestas dadas por Alonso ante los requerimientos de Hunosa, que han pasado desde la negación del desfase, a plantear mermas por un exceso de lluvias, a que el carbón que faltaba estaba en otros emplazamientos o a que las toneladas que faltaban serían repuestas
