Una hipoteca que dura ya 11 años y se prolongará por otros 15

El déficit de tarifa (un desajuste entre lo que cuesta producir y suministrar la electricidad y lo que los consumidores pagan por ella en la tarifa), se ha producido por la decisión reiterada del Gobierno (primero, el del PP y después, el del PSOE) de no subir las tarifas lo suficiente y no revisar, en cambio, unos costes que se han disparado. Por un lado, por las primas de las renovables, que suponen más de un tercio de los peajes, y, por otro, por la hipoteca del propio déficit, que crece como una bola de nieve: el pago se lamina en 15 años.

Los primeros déficits, que se generaron a principios de la pasada década, fueron titulizados por las propias eléctricas, que asumieron los costes de su colocación. A partir del segundo lustro, el Gobierno decidió que fuese la CNE la que se ocupase de las emisiones, que, salvo en dos ocasiones, quedaron desiertas. Los bancos lo consideraron un producto de riesgo y el regulador se negó a que los consumidores pagaran los intereses que las entidades pedían. Con la crisis encima, la solución reclamada por las empresas, a la que el Banco de España y el Tesoro se resistieron, era otorgar al déficit el aval del Estado, previa cesión de los derechos de cobro a un fondo.

El sistema ha resultado ideal para las eléctricas (en cuatro emisiones han logrado casi 7.000 millones de euros), pero con un alto coste para los consumidores (pagarán un 5,6% de interés) y peligroso políticamente, pues será difícil contener futuras subidas de la tarifa.