Gullón escenificó ayer un nuevo -y cuanto menos llamativo- capítulo de la batalla en la que está inmerso el grupo galletero. Su ex presidenta, María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas; el ex director general de la compañía, Juan Miguel Martínez Gabaldón, y una de las consejeras de la familia, Lourdes Gullón Rodríguez, celebraron una junta de atípica reunión. Sobre todo, por el lugar donde se celebró: el interior de un Mercedes negro.

El consejo de administración de Gullón decidió la pasada semana suspender la junta de accionistas convocada por orden judicial después de que así lo solicitara María Teresa Rodríguez. La dirección de Gullón argumentaba que no podía celebrarse porque no cumplía todos los requisitos legales, ya que los consejeros no habían tenido acceso a toda la documentación. Aduciendo este motivo, suspendieron la reunión y ayer impidieron el acceso de los tres accionistas de referencia, que suman el 80% del capital.

Ante la imposibilidad de acceder a la sede social, la atípica junta se celebró con la presencia de un notario y en ella se aprobaron todos los puntos que estaban previstos en el orden del día: la disolución del consejo, el nombramiento de María Teresa Rodríguez como administradora única y la modificación de los estatutos de la sociedad.

De esta forma, Gullón se encuentra desde ayer con dos órganos de dirección paralelos y un nuevo motivo para acudir a los tribunales. Cada bando de la familia asegura haber cumplido la legalidad, con lo que Gullón puede verse inmerso ante el escollo más grave desde que se desató la batalla por su control. Una pugna cuyo detonante fue el despido de su ex director, Martínez Gabaldón, por presuntas irregularidades durante su gestión.

Fuentes jurídicas recalcan que la junta celebrada ayer no tiene validez legal. "Fue una reunión de accionistas, sin validez mercantil porque no cumplía los requisitos necesarios". Es decir, celebrarse en el lugar donde ha sido convocada, con la presencia del presidente y del secretario del consejo de administración. "Son estos los únicos que tienen facultad certificante para validar los acuerdos de la junta", remarcan las citadas fuentes. En cuanto a la presencia de un notario, apuntan que éste "sólo puede dar fe de unos acuerdos, pero no darles validez". "El notario sí que tenía la capacidad de certificar que a los accionistas no se les permitió acceder a la sede para que iniciaran las medidas legales que estimaran oportunas", añade.