El concurso voluntario afecta a catorce empresas del Grupo Drac, y también a Vicente Grande, que a título individual y como persona física, también se ha declarado en suspensión de pagos.

El Mallorca, club del que Grande posee el 93 por ciento del capital social, ha quedado al margen de esa posibilidad contemplada en la Ley Concursal desde 2003.

Las dificultades financieras por las que estaba atravesando el promotor inmobiliario eran bien conocidas en Palma, ya que además del apremio de los bancos, Grande había anunciado su intención de poner a la venta el Mallorca por un precio que oscilaba entre los 40 y 60 millones de euros.

Grande, asimismo, está inmerso en un proceso judicial en calidad de imputado en el denominado "caso Plan Territorial de Mallorca" al vender una finca que pasó de rústica a urbanizable por casi 60 millones de euros, obteniendo plusvalías millonarias que son investigadas por el juez.