La decisión argentina de expropiar la petrolera YPF es "frontalmente contraria" a los principios que defiende el G20, afirmó hoy el secretario de Estado de Comercio de España, Jaime García-Legaz.
El alto cargo español agregó que el tema será abordado durante la reunión de ministros de Comercio del G20 y de otras naciones invitadas que comenzó hoy en la ciudad mexicana de Puerto Vallarta y se prolongará hasta mañana, informa Efe.
"El problema es que muchos inversores internacionales pueden pensar que lo que ha hecho el Gobierno de Argentina pueden adoptarlo otros Gobiernos latinoamericanos en el futuro, y esto va a ser un factor de disuasión de la inversión internacional en América Latina", afirmó García-Legaz.
El secretario de Estado español hizo sus declaraciones en un descanso durante la reunión de hoy, en la que dijo va a haber "intervenciones muy claras" sobre este tema de distintas partes, incluida la Unión Europea y Estados Unidos. También señaló que habrá un "apoyo explícito a España por parte de otros países de Latinoamérica".
García-Legaz, que está representando a España en el G-20 en Puerto Vallarta México, ha conseguido el apoyo expreso a España en el asunto Repsol de los ministros de Comercio de Alemania (Anne Ruth Herkes), Italia (Claudio De Vincenti), Reino Unido (Norman Lamb), Chile (Pablo Longueira) y Mexico (Bruno Ferrari), Peru (Jose Luis Silva), y tambien de EEUU (Michael Punke, Embajador ante la OMC) y de la UE (Angelos Pangratis, Embajador ante la OMC).
García-Legaz ha mantenido varias reuniones bilaterales con los representantes europeos, americanos y latinoamericanos en el G-20.
Silencio de Argentina
Argentina, uno de los miembros del G20, está representada en esta cita por la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, pero la alta funcionaria argentina se excusó de hacer declaraciones a los periodisas.
"Creemos que es inaceptable lo que ha ocurrido con Repsol; se han roto completamente las reglas de juego, y España está recibiendo el respaldo de toda la comunidad internacional por esta violación flagrante del derecho en la que ha incurrido el Gobierno argentino", agregó García-Legaz.
