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Demanda

La gran industria lleva a los tribunales las subastas de energía primaria

La gran industria ha llevado a los tribunales a MEFF por entender que se ha extralimitado en sus funciones como gestor de las subastas de energía primaria a las que están obligadas Endesa e Iberdrola.

Fábrica de la cementera Holcim en Gádor (Almería)
Fábrica de la cementera Holcim en Gádor (Almería)

La gran industria ha decidido acudir a la vía judicial para tratar de defender sus intereses en el ámbito energético. Fortia, la comercializadora eléctrica participada por empresas como ArcelorMittal, Alcoa, Cemex o Holcim, ha presentado la semana pasada una demanda en los juzgados de Primera Instancia de Madrid contra MEFF, el mercado de futuros y derivados español, por su papel en las subastas de energía primaria que están obligadas a hacer Endesa e Iberdrola desde 2007.

En estas subastas, MEFF actúa como gestor en las liquidaciones y las garantías previstas por la venta de energía, representando los intereses de las eléctricas frente los compradores conforme a un contrato marco aprobado por el Ministerio de Industria, explicaron en fuentes de la gran industria.

Fortia entiende que MEFF se ha extralimitado en sus funciones, sobre todo en las dos últimas subastas celebradas (la sexta y la séptima), que tuvieron lugar en septiembre de 2008 y el pasado mes de marzo. Los industriales acusan al organismo de solicitar unas garantías extraordinarias a los participantes de las pujas sin contar con la preceptiva autorización de Industria y de hacerlo de forma "consciente y precipitada".

Las fuentes consultadas señalaron que la demanda, formalizada el pasado 15 de septiembre, tiene como objeto que se reconozca que MEFF no puede pedir garantía alguna salvo que así lo disponga el Ministerio, de forma que se siente un precedente para subastas futuras. Además, exige una compensación por daños y perjuicios por un importe "significativo" que las fuentes consultadas no quisieron precisar. Este diario se puso en contacto con MEFF para recabar su versión de los hechos sin éxito.

Conflicto latente

La demanda interpuesta es la consecuencia del malestar acumulado por la gran industria con el sistema de subastas de energía primaria. Un sistema impulsado por el Gobierno para fomentar la contratación a plazo de energía y reducir la influencia de las dos eléctricas dominantes pero que las empresas entienden que no está siendo efectivo.

Una de las mayores quejas de la industria es el elevado coste financiero que les supone operar en el mercado eléctrico debido a unas garantías y exigencias de pago que consideran "exageradamente duras" y que es lo que ha desencadenado la acción judicial.

A ello se añade la interpretación "arbitraria" de los contratos que firman los adjudicatarios por parte de las dos grandes eléctricas, según denuncian.

Además, las empresas consideran que el volumen de energía ofertado por este sistema es muy bajo. En las dos últimas subastas, pese a que estaba previsto que cada generador liberara 1.950 megavatios (MW) anuales, al final sólo se adjudicaron 790 MW. Fortia también se queja de que Industria todavía no haya informado sobre futuras subastas.

Propuestas para el mercado eléctrico

Desde su creación en septiembre de 2007 para tratar de conseguir energía a precios competitivos, los responsables de Fortia vienen denunciando las limitaciones que se han encontrado para operar en el mercado eléctrico, ante las que proponen posibles soluciones. Así, la industria considera que las grandes eléctricas no sienten necesidad de cerrar contratos a largo plazo, que el número de generadores independientes es muy limitado y está concentrado en centrales de gas natural y que los productores del régimen especial (renovables) no tiene incentivos para sellar contratos bilaterales. Para salvar esta situación y mejorar la eficiencia del mercado eléctrico, reclaman unos precios más competitivos en los periodos valle, impidiendo la compra de energía para bombeo por parte de los generadores en el pool. También defienden que las exportaciones de energía tengan las mismas obligaciones que las previstas para la demanda interna para evitar que las ventas en el exterior encarezcan los precios en España.

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