La gran farsa de la tarifa eléctrica
La descalificación pública que el ministro de Industria y el presidente del Gobierno han hecho de la propuesta de revisión de tarifas eléctricas para 2009 de la Comisión Nacional de la Energía dice poco en favor del respeto debido a un órgano regulador. Sorprenden los calificativos de 'barbaridad' o indigno 'de tenerse en cuenta' vertidos por Miguel Sebastián o José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente, y resultan inimaginables manifestaciones de este tipo sobre iniciativas similares del Banco de España o la CNMV. Máxime si se tiene en cuenta que no se trata de una proposición veleidosa de la CNE, sino que ha sido elaborada con las únicas herramientas legales que el Gobierno le proporciona.
Los comentarios contra una propuesta de subida media de las tarifas integrales del 31% han resultado doblemente sorprendentes al haberse realizado el pasado viernes, antes de que el regulador enviara al ministerio un informe exhaustivo de casi un centenar de páginas. De lo contrario, los responsables de Industria habrían podido leer que el incremento 'ascendería únicamente al 3%' en el caso de que en 2008 las tarifas integrales hubieran incluido todos los costes de acceso a las redes, 'esto es, no hubiera existido el déficit ex ante', señala el informe.
Es, por tanto, decisión del Gobierno, recoger la recomendación de la CNE de subir las tarifas un 31%, recogiendo la parte del déficit de 6.716 millones embalsado en 2008 o aparcar el nuevo agujero y proceder a una simple subida del 3%.
Las dos son opciones ofrecidas por el regulador que, en ningún caso, puede esconder en un armario el cadáver de unas desviaciones que se viene produciendo desde hace ocho años al no cubrirse con la tarifa todos los costes que la ley reconoce a las eléctricas y que, en contra de la creencia generalizada, no va contra los resultados de las empresas, sino que las sufragan los consumidores en el recibo de la luz de forma aplazada (a 15 años) y con intereses correspondientes.
Además, quienes ahora se rasgan las vestiduras olvidan que ya en su propuesta de julio (trimestralmente, se revisa el término de energía de la tarifa integral y anualmente, las de acceso a las redes, que son las que asumen el déficit), el regulador advirtió con claridad que, o se tomaban medidas legales, como la reforma del mercado eléctrico o el trasvase de las primas a las energías renovables a los Presupuestos, o serían inevitable subidas de hasta el 60% de las tarifas de acceso. Es evidente que la advertencia cayó en saco roto.
La CNE propone revisiones no vinculantes de las tarifas eléctricas y del gas porque así lo establece la ley y sus cálculos responden a las metodologías determinadas por el Gobierno. Podría decirse que la Comisión es una mera calculadora (aunque sofisticada) que opera con el programa que le proporciona el Ejecutivo. De hecho, la propuesta tarifas de enero 'es el resultado de un ejercicio de cálculo' para el que la CNE 'carece de grados de libertad suficientes para la formulación de otras posibles propuestas de contenido más moderado', indica el informe.
Es evidente que la responsabilidad de que las tarifas de acceso (que se revisan anualmente en enero) sufraguen la mayor parte del déficit es del Gobierno. También el fuerte incremento de la subvención a las energías renovables, que en 2009 costarán 3.653 millones de euros a la tarifa, 800 millones más que este año. Estas primas suponen por sí solas un 6,5% del incremento de los costes de acceso, que suben más de un 14%. Otro tanto ocurre con los planes de ahorro energético, que el Gobierno decide pagar con la tarifa, que ascenderá a 276 millones en 2009; o con la tarifa social, creada por el actual titular de Industria, que sumará 10.060 millones de euros en el caso de que todos los que tienen derecho se acojan a la misma.
El regulador insiste en que los parámetros para determinar esta tarifa deben ser los de renta y no los de consumo y vuelve a pedir que no sea financiada por el sistema eléctrico.
En el real decreto de tarifas de junio de 2007 se estableció que la CNE (que no tiene potestad para fijar las tarifas) realizaría, por primera vez, a partir de julio de este año, sus propuestas de tarifas trimestrales y anuales basadas 'en los principios de aditividad, suficiencia de ingresos y asignación eficiente de los costes', entre otros. En el caso de que el Gobierno no la acepte (así ha ocurrido en las dos propuestas realizadas hasta ahora) debe motivarlo, algo que, según la propia Comisión, no ha hecho hasta ahora.
Respecto a la polémica revisión de enero de 2009, el regulador reconoce que se ha visto obligado a realizar previsiones, ya que en muchos casos sólo dispone de datos provisionales de costes y estimaciones elaboradas con la información de la que dispone por el momento (la norma le obliga a hacer su propuesta con dos meses de antelación).
Para determinar la subida de las tarifas, el primer paso que ha dado es una previsión de la demanda de electricidad para el año. Así, considera una subida del 1,9% teniendo en cuenta la evolución del PIB incluida en los Presupuestos del Estado. Además, estima un aumento significativo de la demanda de clientes en el mercado libre (un 60%) por la desaparición de las tarifas de alta tensión.
En cuanto al déficit de 2008, que asciende a los citados 6.716 millones, calcula que 5.000 millones es la cantidad correspondientes a los costes de acceso que no se han reconocido en 2008; 276 millones a pagos insuficientes por capacidad y los 1.439 millones restantes a las discrepancias en los precios de la energía.
La CNE subraya que, dado que en 2008 se ha evitado reconocer una cantidad tan elevada, la comparación de sus propuestas para 2009 respecto a este año, puede resultar distorsionada, por falta de homogeneidad.
Industria podría hallar un alivio a la situación con algún tipo de acuerdo con las eléctricas en la ronda de negociaciones que mantiene desde hace varias semanas para acabar con el déficit.