El tamaño no importa cuando se trata de abonar las facturas a los proveedores. Así, al menos, lo constata el último estudio realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en el que se precisa que las prácticas de pago de las grandes empresas del Ibex 35 respecto a sus proveedores no son mucho mejores que las de las pequeñas y medianas. De este modo, el informe apunta que esas 35 grandes firmas abonaron sus facturas en 2012 con un retraso medio de 215 días (7 meses), tras analizar los balances del sector no financiero publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este plazo supone el triple del máximo fijado por la Ley de Morosidad para 2012 (75 días) y la brecha será aún más grande este año, en el que el periodo máximo de pago entre empresas se reduce a 60 días. Por sectores, los que más tardan en abonar sus pagos son la construcción, con un retraso de 30 7 días, seguido por los servicios (234 días), la industria (216 días) y la energía (100 días).
La demora en el pago de sus facturas, como medio para conseguir mayor liquidez y para financiarse a costa de sus proveedores, contrasta con la premura en la que estas compañías cobraron a sus clientes. Así, las compañías de la construcción y del sector inmobiliario del selectivo español tardan una media de 136 días en cobrar sus facturas, mientras que las de servicios llegan a 69 días, la industria a 89 días, y la energía a 60 días. En cualquier caso, el periodo de pago de las facturas cuanto menos duplica el de cobro que aplican a sus clientes. "Estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos", denunció ayer el portavoz de la Plataforma, Antoni Cañete.
Esta organización admite, no obstante, que los datos del primer semestre de 2012 muestran un descenso de casi el 12% en los plazos de pago a proveedores por parte de las empresas del Ibex con respecto al cierre del año anterior, lo que atribuye, "posiblemente", a la puesta en marcha de la reforma de la Ley de Lucha contra la Morosidad.
En este escenario, la organización que engloba a un millón de empresas ya 4,5 millones de asalariados y autónomos, insta al Ejecutivo a poner en marcha lo antes posible un régimen sancionador, que evite que las compañías no se vean tentadas a retrasar los pagos, a través de multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros.
Otra de las propuestas sugeridas desde la Plataforma es la aplicación del criterio de caja en el IVA que pagan las pymes y los autónomos, de tal manera que solo tengan que pagar este tributo cuando haya cobrado las facturas y no como sucede ahora, que deben abonar el IVA independientemente de si han cobrado o no el dinero que se les adeuda.
Nuevo plan de Hacienda para frenar la morosidad
La presión de las empresas para que el Ejecutivo pusiera en marcha un segundo plan de pago a proveedores ha caído en saco roto. La insistencia por parte de algunas patronales y lobbies empresariales de utilizar los 8.000 millones que no se usaron en ese sistema para saldar parte de las deudas acumuladas en 2012 no ha servido para torcer el brazo de Hacienda, cuya primera prioridad es la reducción del déficit y la contención del gasto.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveló la pasada semana en Sevilla que el Ejecutivo pondrá en marcha en las próximos meses un nuevo instrumento para garantizar el pago a proveedores. Montoro apuntó que, a diferencia del plan de pago a proveedores, este sistema no requerirá de la búsqueda de financiación. "Vamos a crear un instrumento por el que un proveedor de cualquier administración se podrá dirigir a Hacienda de forma directa para que este departamento sea el que arbitre la forma de pago a ese proveedor. El ministerio, que es el que gestiona la participación en los ingresos del Estado de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, será el encargado, en su caso, de detraer los recursos a la administración morosa", recalcó.
De este modo, Hacienda será la encargada de recibir las reclamaciones por parte de las empresas a las que cualquiera de las tres administraciones les deba el pago de una factura y, al mismo tiempo, será la que retenga la transferencia a una administración para hacer efectivo el pago de la deuda.
Este plan estará más bien dirigido a aquellas compañías con impagos por parte del Estado o de los municipios, ya que una gran parte de la deuda regional con proveedores se tratará de solventar a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que contará con una dotación de 23.000 millones de euros para este ejercicio.
