Las Administraciones públicas vascas pusieron ayer a disposición de otros usuarios las aplicaciones informáticas desarrolladas por las instituciones o por medio de terceros. Esta medida, aprobada vía decreto por el Ejecutivo de Euskadi, es la primera de este tipo que adopta una administración europea.
A partir de ahora todas las aplicaciones de las Administraciones públicas vascas que no estén relacionadas con la seguridad o que interfieran en los acuerdos de colaboración entre el sector público y el privado serán abiertas y, por tanto, reutilizables. Hasta ahora el software desarrollado por cualquier entidad solo era conocido y estaba a disposición de su propietario, lo que restringía la posibilidad de que fueran utilizadas por terceros.
El Gobierno vasco ha considerado que esta apertura favorece y fomenta la competitividad, la calidad y la eficiencia de quienes desarrollan aplicaciones informáticas para el sector público. También, que a medio y largo plazo hará posible que se puedan desarrollar nuevos productos y servicios, lo que fomentará el empleo. El Ejecutivo entiende que esta decisión muestra su "determinación" por el uso racional de los recursos públicos al obligarse a reutilizar lo ya existente y permitirá una reducción de los costes asociados.
Para elaborar este decreto se ha contado con todas las entidades que forman el sector público de Euskadi, así como los interlocutores reconocidos del sector de las TIC del País Vasco y la fundación Cenatic, centro nacional de referencia de las TIC de fuentes abiertas, de la que el Gobierno vasco es uno de sus patronos.
El sector aplaude la medida
La Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi (ESLE) consideró ayer que el decreto de reutilización del software aprobado ayer por el Gobierno vasco "permitirá impulsar nuevas oportunidades de negocio al conjunto del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación de Euskadi". Su presidente, David Olmos, añadió que Euskadi con esta medida "se pone a la vanguardia europea al alinearse con la sensibilidad de la UE sobre la necesidad de que las Administraciones Públicas regulen la contratación de los desarrollos de software".
