En una de sus últimas reuniones, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos decidió rechazar el real decreto elaborado por Industria sobre el nuevo régimen retributivo del régimen especial referido a las energías eólica y termosolar, que el ministerio había pactado en julio con las asociaciones empresariales de estos dos sectores. Por lo tanto, la reforma propuesta fue devuelta al departamento que dirige Miguel Sebastián sin ser remitida al Consejo de Ministros para su debate y posible aprobación.
Según fuentes próximas al Gobierno, la Comisión Delegada ha denegado el visto bueno al texto legal de Industria por entender que el recorte de las primas es mínimo y no sirve para atajar el déficit de tarifa, que supera ya los 17.000 millones de euros. Además, sólo serviría para complicar aún más un sistema de por sí complejo. La Comisión Delegada, en la que participan los ministerios de los ámbitos económicos, ha pedido a Industria una revisión de un real decreto que ya había sido dictaminado a mediados de septiembre por la Comisión de la Energía (CNE).
Precisamente, en su informe, el regulador energético calificó de "muy limitado" el recorte de las primas de la eólica y termosolar: apenas 100 millones de euros en cuatro años (50 millones en cada caso). Los cálculos realizados por las empresas eléctricas apuntan a recortes muy inferiores.
Aunque en una nota de prensa remitida tras el pacto con las asociaciones, Industria aseguraba que la nueva norma supondría un recorte de las primas eólicas del 35% y un aplazamiento de la puesta en marcha de los 2.500 MW autorizados a la termosolar, el ahorro en volumen era muy escaso. La razón de tal escasez es que las modificaciones sólo afectarían hasta 2012 a un 16% de la potencia eólica instalada (3.000 MW sobre un total de 18.000 MW). Y es que los 15.000 MW de diferencia se librarían del recorte por estar acogidos a la disposición transitoria primera del Real Decreto 661/2007, que permite a las instalaciones puestas en marcha con anterioridad mantener su ventajosa tarifa hasta ese año. Para colmo, en el nuevo real decreto ahora rechazado, Industria fijaba una ampliación de este plazo en un año. Una medida a la que la CNE se opuso en su informe. Otra petición relevante del regulador es que se incluyese la regla habitual de que las retribuciones del régimen especial se revisen cada cuatro años, algo que no recogía el texto legal.
Nerviosismo empresarial
La confusión reina desde entonces en torno al real decreto y el nerviosismo de las empresas afectadas se ha hecho cada día más patente. Éstas sospechan que algo poco bueno está ocurriendo con el decreto, sobre el que, según aseguran, se están introduciendo cambios. De hecho, la Asociación Empresarial Eólica ha reclamado su rápida entrada en vigor para la "inseguridad jurídica" del sector.
Dentro del Gobierno, los opositores a la propuesta de Industria consideran que la indecisión de Miguel Sebastián y su equipo energético a la hora de tomar medidas efectivas resulta muy perjudicial. En este sentido, vienen a decir que o recorta las primas para atajar el déficit de tarifa o, si por el contrario, lo considera imposible por las presiones de las empresas o por razones jurídicas, es mejor no hacer modificaciones que todo lo complican.
Además, añaden, tantos meses de negociaciones (reales o supuestas) con las empresas sin atajar el problema, está generando una incertidumbre tan perjudicial para los consumidores como para las propias compañías.
Otros cambios
Además del relativo a la eólica y termosolar, están a la espera de recibir luz verde otros dos reales decretos y una orden ministerial, con los que Industria quería cerrar la reforma parcial de las primas de las renovables. Pero la más importante, la de la fotovoltaica en marcha, ni siquiera se ha abordado.
