El director general de Patrimonio del Estado, Carlos San Basilio, ha explicado hoy, en el salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, que la mayoría de estos inmuebles están ubicados en Madrid y que se trata, principalmente, de edificios situados en zonas 'premium' o bien que requieren una profunda rehabilitación.
El objetivo del Gobierno es realizar estas ventas de manera progresiva y de forma individual, al considerar que hacerlo en paquetes destinados a inversores comportaría una reducción del valor de algunos inmuebles.
San Basilio no ha cuantificado el precio global de estos cien edificios, aunque ha asegurado que su puesta en circulación en el mercado generaría ingresos millonarios al Estado.
Ha subrayado, además, que el Gobierno optará en unos casos por la venta de inmuebles y en otros por instrumentos alternativos como la concesión, de manera que un inversor privado asuma el coste de rehabilitación del edificio y a cambio lo pueda explotar durante unos años.
Esta medida se enmarca en los planes del Gobierno de desprenderse de parte de los inmuebles y fincas rústicas de propiedad estatal que se encuentran vacíos y que no generan rendimientos.
El Estado es actualmente propietario de más de 53.000 inmuebles y fincas rústicas, de los que algo más de 13.000 son edificios, muchos de ellos "singulares" por su ubicación o valor histórico y arquitectónico.
Patrimonio quiere poner en valor buena parte de estos activos a través de diferentes mecanismos, como la venta, la concesión, el arrendamiento o la permuta.
"El Estado debe evitar la acumulación de propiedades y gestionar las que no utilice con criterios de rentabilidad", ha señalado San Basilio durante su intervención en un simposio en el salón inmobiliario Barcelona Meeting Point.
Ha apuntado, a este respecto, que "sería mala idea" optar por vender todos estos activos, ya que "no sería una forma razonable de hacer caja", sino "sólo un paliativo" temporal.
Es por ello que el Gobierno apuesta por introducir en el circuito económico activos que generen rentabilidad a corto, medio y largo plazo.
"Queremos que la gestión patrimonial se alinee con la gestión pública", ha indicado San Basilio, que ha remarcado asimismo el objetivo del Gobierno de reducir el gasto en arrendamientos, partida que ya ha reducido en 30 millones de euros anuales y que, a largo plazo, debería ser "residual".
Para facilitar y agilizar la venta de inmuebles por parte del Estado, San Basilio ha explicado que se quiere reemplazar el actual proceso de subasta por otros mecanismos que garanticen los principios de transparencia y concurrencia pero que sean "más efectivos".
