El Ejecutivo acordó hoy en el Consejo de Ministros desestimar la reclamación tras considerar que no concurren los requisitos necesarios para exigir responsabilidades a la Administración.

Según el Gobierno, la supresión de la tarifa nocturna entra dentro de las competencias del Ejecutivo, lo que implica que los usuarios tienen el "deber jurídico" de aceptar sus efectos.

Además, no existe una causalidad directa entre la decisión de la Administración y el daño, ya que los usuarios decidieron voluntariamente acogerse a la tarifa nocturna.

El Gobierno añade que la OCU no ha presentado un documento que acredite el valor real de los daños, sino que remite un texto en el que los distintos demandantes solicitan unas cantidades en concepto de indemnización que, a su juicio, resultan "muy distintas entre sí", por lo que el perjuicio no queda probado.