El Gobierno ha dejado hoy en mal lugar al Grupo Socialista, que ayer se avino a retrasar el debate de esta polémica enmienda para poderlo negociar con los partidos de la oposición. Hay enfado en el PSOE por el mal lugar en el que le ha dejado el Ejecutivo y también en los grupos de la oposición, que han pedido sin éxito más tiempo para negociar enmiendas transaccionales a la intención del Ejecutivo de suprimir los límites a los derechos de voto en las sociedades cotizadas.

El PSOE, siguiendo hoy instrucciones directas del Gobierno, ha impuesto el Reglamento del Congreso consiguiendo que el calendario para el debate de esta enmienda se vote en la mesa de la Comisión de Economía. La forman tres diputados del PSOE, que disciplinadamente han votado a favor de que la discusión se celebre el día 24, y dos miembros del PP, que han votado sin éxito a favor del aplazamiento.

La conclusión es que la enmienda llegará probablemente la semana que viene a la Comisión de Economía sin el consenso necesario para que se apruebe sin correcciones. CiU no ha mostrado todavía sus cartas y puede convertirse en el principal sostén del Gobierno para la aprobación de esta iniciativa. De hecho, la marcha atrás del Gobierno en la fijación del calendario, puede obedecer a que ha llegado a un acuerdo de última hora con los nacionalistas catalanes, uno de los primeros que tuvieron noticia de las intenciones del Ejecutivo en esta materia.

Desde el Grupo Socialista, se anunció ayer que no iba a presentar ni siquiera hoy la enmienda en el trámite de ponencia, con el fin de ganar tiempo. Esto se ha respetado. Pero en su intención inicial figuraba también retrasar el debate en comisión hasta después de Semana Santa para negociar con los grupos de oposición. Esto no lo ha podido llevar a cabo.

A las dudas de CiU, que está sopesando seriamente la opinión de La Caixa, entre otros afectados, se sumó ayer la enmienda transaccional anunciada por el PNV, en la que se supedita la supresión de las limitaciones de voto al lanzamiento de una opa por el 75% de la compañía afectada, iniciativa que, a juicio de los diputados Josu Erkoreka y Pedro Azpiazu, serviría "para proteger a los accionistas minoritarios" de aquellas sociedades donde "una minoría puede tomar decisiones que afectan al conjunto".