Mirarse en el espejo francés. El Gobierno lleva años tratando de poner de acuerdo al sector del juego -y a las comunidades autónomas- para sacar adelante la nueva legislación que regulará las apuestas online. Pero no va a ser fácil llegar a un consenso.

En un principio la intención del Ejecutivo era tener listo el borrador de la nueva ley del juego antes del verano, tarea que a día de hoy parece bastante improbable. Sobre todo porque el nuevo texto está aún en fase de elaboración y el Gobierno sigue analizando otras legislaciones europeas para trazar las líneas principales de la futura ley española.

Y la principal vía de inspiración parecer ser Francia. No en vano, ambos países presentan similitudes: el Estado es quien regula el juego, pero también su principal operador, en el caso español a través de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Pero si el Ejecutivo se decanta por copiar el modelo francés, previsiblemente, no logrará un respaldo mayoritario.

El principal motivo es el modelo impositivo de la ley gala. Ésta establece una tributación sobre el volumen de las apuestas. Es decir, sobre el dinero que gasta cada jugador cuando tienta a la suerte a través de la red. En concreto, en el modelo francés la carga impositiva es del 8,5% sobre cada apuesta.

Mientras el país vecino se decanta por este modelo, la gran mayoría de países europeos que ya han regulado el juego online -al igual que las autonomías españolas que han legislado las apuestas deportivas- se han decantado por gravar el beneficio de los operadores que, a priori, es más atractivo para los operadores. Por ejemplo, en las comunidades de Madrid o País Vasco la carga impositiva sobre las ganancias de las empresas de apuestas es del 10%. En este caso se trata de los locales a pie de calle de cadenas como Victoria o Sportium, ya que los operadores online aún no se han instalado en estas regiones debido al actual vacío legal. Este porcentaje se calcula sobre los ingresos de las apuestas menos las ganancias que obtengan los acertantes de éstas.

Detrás de esta disparidad de criterios estaría, según fuentes del sector, la intención de que la nueva ley beneficie en cierta medida a los juegos estatales de LAE, ya que el Estado saldría beneficiado si la carga impositiva se soporta sobre el volumen de ingresos que generan -por ejemplo La Quiniela-, al ser productos con mayor margen que las apuestas online más comunes. Ante este situación, fuentes del sector apuntan que algunos operadores podrían considerar que instalar filiales en España no sería rentable y que también los apostantes lograrían mayores ganancias en las páginas web de apuestas que operan en otros países.