La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió el viernes en que lo mejor "es una solución dialogada" para resolver el problema planteado por el veto del Gobierno portugués a la venta a Telefónica del 30% de Portugal Telecom en la brasileña Vivo.

De la Vega, que no quiso entrar a valorar la imposición por parte Gobierno portugués de los derechos especiales -acción de oro- que ha utilizado en PT, pidió "prudencia" y recordó que existe un "marco regulatorio" común para todos los países que integran la Unión Europa.

La vicepresidenta, que señaló que este asunto no se trató en el Consejo de Ministros celebrado el viernes, precisó que "todos conocemos la normativa", por lo que hay que ser "prudentes", ya que el asunto se está estudiando en los tribunales europeos.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y la portuguesa ATM aseguraron el viernes que están valorando interponer una demanda contra el Estado portugués por el veto impuesto a la oferta de Telefónica. Las asociaciones explicaron que la acción de oro, que calificaron como "injerencia anacrónica y arbitraria del poder político", constituye un mecanismo declarado en múltiples ocasiones por la UE como "incompatible" con el derecho de la UE.