El Gobierno encarga una auditoría de las cuentas de RTVE

Así lo ha anunciado esta tarde la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia ante la comisión constitucional del Congreso de los Diputados.

En su intervención, la número dos del Ejecutivo ha recordado que mañana se reunirá con los integrantes del consejo de administración de RTVE para analizar el ajuste presupuestario que prevé aplicar el Gobierno a la corporación y que se puede traducir en un recorte de 200 millones en la aportación del Estado.

Este compromiso de reducción presupuestaria, en su opinión, "debe ser un buen momento" para mejorar la eficiencia en la gestión de la radiotelevisión pública.

"Debemos revisar el modelo de RTVE que queremos y que nos podemos permitir", ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha explicado que el Gobierno tiene intención de analizar en profundidad el uso de los recursos de la corporación e impulsar la reducción de sus costes de explotación.

Por eso ha anunciado que se encargará una auditoría completa de las cuentas de RTVE y que se determinarán los ámbitos en los que es posible una mayor eficiencia.

La corporación RTVE es supervisada por la Intervención General del Estado (IGAE) que todos los ejercicios elabora un amplio informe de auditoría. Además, sus cuentas están directamente controladas por el holding público SEPI (su accionista de referencia), que depende del Ministerio de Economía.

Asimismo, Sáenz de Santamaría ha adelantado la supresión del CEMA dentro de las medidas para reformar los organismos reguladores, cuyo número el Gobierno está decidido a reducir "al mínimo".

A su juicio, el CEMA "ni es conveniente ni es necesario" y sus funciones pueden ser "perfectamente asumidas por otros organismos reguladores que ya existen" y "sin necesidad de gastar 6,5 millones de euros en crear uno nuevo".

La vicepresidenta no ha planteado la supresión de otros organismos reguladores, aunque como ejemplo de lo que estudia el Gobierno se ha preguntado "si merece la pena" mantener una entidad individual de supervisión del juego que cuesta once millones de euros, más de la mitad sólo por gastos de personal.