En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, indicó que un grupo de trabajo sobre fraude financiero y la Administración Federal sobre Vivienda han abierto "su propia investigación sobre la regulación y el cumplimiento de la ley en el proceso de ejecución hipotecaria".

Esa investigación se suma a la abierta por los fiscales generales en 49 de los 50 estados del país para determinar si hubo fraude en las irregularidades detectadas en las últimas semanas en los procesos de embargo hipotecario. "Seguimos comprometidos a hacer que cualquier banco que haya violado la ley rinda cuentas", señaló Gibbs.

La polémica surgió después de que en septiembre se conocieran irregularidades por parte de empleados de entidades hipotecarias o intermediadores a la hora de firmar determinados documentos. Esto ayudó a acelerar la aprobación de miles de ejecuciones hipotecarias de viviendas de muchos estadounidenses, que se vieron incapaces de pagar sus créditos, afectados por la recesión y el aumento del desempleo.

El pasado 13 de octubre, los fiscales generales de los estados anunciaron una investigación conjunta del sector para saber si era cierto que "algunas entidades hipotecarias han realizado declaraciones juradas o firmado ejecuciones hipotecarias de manera defectuosa".

JPMorgan Chase calcula que la polémica generada sobre las ejecuciones de hipotecas en Estados Unidos puede llegar a costar al sector bancario estadounidense hasta 120.000 millones de dólares, según un informe elaborado por esa entidad.