El Gobierno abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que los entes regionales que gestionen directamente las televisiones autonómicas tendrán que "cumplir con los exigencias presupuestarias", lo que abre la puerta definitivamente a la privatización del servicio.
Entre las nuevas medidas de austeridad dirigidas a las cuentas de las comunidades autónomas, el Gobierno ha anunciado que ya tiene preparado como proyecto de ley la nueva regulación para las televisiones públicas autonómicas. Un cambio de modelo que abre la puerta definitivamente a la privatización del servicio público.
El proyecto de ley, que se remitirá al Congreso para su tramitación por la vía de urgencia, establece que "las comunidades podrán decidir como prestan el servicio", ha dicho Santamaría. "Si lo prestan directamente o si abren a concurso para que terceros lo realicen por ellos", ha añadido.
La vicepresidente ha enfatizado, además, que las regiones que opten por la prestación directa, tendrán que cumplir escrupulosamente con las exigencias presupuestarias y el techo de gasto establecido para los entes autonómicos.
La privatización no es una imposición, como ya aclaró el Gobierno al presentar el anteproyecto de ley en enero. Santamaría ha incidido en que se trata de ampliar las posibilidades de decisión de cada comunidad autónoma. Pero la al exigir el estricto cumplimiento de la consolidación fiscal las comunidades con mayores problemas de déficit se verán empujadas deshacerse de las televisiones.
Según el último informe elaborado por Deloitte para Uteca, la patronal de las televisiones privadas, las autonómicas cerraron 2010 con unas pérdidas de 1.297,5 millones de euros que compensaron, solo en parte, con 808,8 millones en subvenciones públicas. Su deuda con entidades de crédito era de 1.466 millones, concentrada sobre todo en la televisión pública valenciana (1.117 millones) y en la de Madrid (242 millones).